Como inaceptable califica el Colegio de Nutricionistas de Chile la denuncia realizada por la diputada Karla Rubilar, que dio a conocer irregularidades en la compra de una fórmula suplementaria de leche, lo que implicó pérdidas superiores a los 422 millones de pesos.
El Presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., Paolo Castro, asegura que gracias a esta denuncia y al informe emitido por Contraloría, hoy se puede conocer cuál fue el real impacto de la compra de fórmulas de inicio (Nutrilon) gestionadas por el Departamento de Nutrición y Alimentos de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud y CENABAST, lo que se traduce en un mal uso de los recursos públicos a gran escala.
El profesional asegura, que, como gremio, vienen realizando un seguimiento a este y otros temas como parte de su rol de contraloría social del Estado y la gestión del Gobierno. “Antecedentes de este tipo nos permiten tomar acciones, sobre todo dado que, se trata de un programa de recursos públicos que a nivel local (consultorios del país) es dirigido por colegas que regularmente durante el último año han reportado dificultades e inconvenientes que proceden de la gestión del nivel central”. 
Ante esto el Colegio de Nutricionistas exige que existan reales sanciones a los responsables, una investigación exhaustiva, pero no sólo ante esta denuncia, sino que, para toda las irregularidades relacionadas al mal uso de recursos, que impiden una buena gestión en la entrega de un alimento tan necesario para la población infantil de nuestro país.
“Aquí, los más afectados con este tipo de acciones, son las familias más pobres, que, por estos “errores”, terminan pagando un costo extra y financiando de su propio bolsillo, una alimentación que debe venir como un beneficio desde el Estado. Es por eso que esperamos que esta denuncia avance, no quede en el olvido y se sancione a los responsables”, señala Paolo Castro.
Castro asegura que, como gremio, entienden que aquí existe una responsabilidad por parte de las autoridades de los estamentos mencionados que deberán tener las sanciones correspondientes administrativas y políticas dados los hechos presentados a la opinión pública.
 
“Por nuestra parte, durante la semana estaremos analizando como proseguir con este tema para la defensa de los usuarios y consumidores afectados, puesto que vemos amenazada la gestión de los programas de alimentación en quizás el año más oscuro de su historia”, sentencia el Presidente del Colegio de Nutricionistas.