Una fiscalización focalizada en una serie de beneficios otorgados a personal de las Fuerzas Armadas del Consejo para la Transparencia (CPLT), logró establecer a partir de la información entregada por las ramas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de Chile (FACH), detalles del acceso a casas fiscales a las que puede optar el personal de estas instituciones, destacando entre sus principales resultados cánones de arriendo y el uso de este tipo de propiedades por parte de ex funcionarios de la rama castrense y de la FACH, contraviniendo reglamentos institucionales que establecen que sólo debieran hacer uso de éstas funcionarios activos.

En el documento del Consejo se reconocen limitaciones en el mapeo y análisis de estos y otros beneficios analizados que las instituciones mencionadas otorgan a sus miembros -uniformados y en algunos casos civiles-, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República para conocimiento del ente revisor y los fines pertinentes. Este tipo de procesos implementados por el CPLT, buscan identificar el cumplimiento de las normas de transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en organismos públicos, aplicando sanciones si corresponde.

En el caso particular de los antecedentes sobre viviendas fiscales –parte del proceso que incluyó sólo a las tres ramas de las FFAA e información acotada al 2019-, se recibieron respuestas del Ejército y la FACH. Estas instituciones informaron que la suma de los funcionarios de ambas entidades que gozan de esta prestación alcanzaría las 3.490 personas -507 del Ejército y 2.983 de la Fuerza Aérea-. En ambas entidades la mayor dotación se localiza en la zona centro (1.904).

La rama castrense no informó sobre asignaciones de este tipo para el alto mando ni personal civil, a diferencia de la FACH, que contabilizó 21 funcionarios uniformados haciendo uso de viviendas fiscales y 136 civiles.

Arriendos estimados en 45 mil pesos en el caso de un general de Ejército

Respecto de los cánones de arriendo, el Ejército y la Armada –que denegó el acceso a diversos antecedentes solicitados por el CPLT en el marco de la fiscalización como fue el caso de número de funcionarios que pueden acceder a viviendas fiscales-, indicaron el porcentaje del sueldo base que debe destinar el funcionario que accede a casa fiscal por concepto de arriendo mensual, equivalente al 5,5% del sueldo base.

En cuanto a la repartición naval, la denegación de la cifra de beneficiarios de este tipo de prestaciones se sustenta en que “se trata de antecedentes que tienen el carácter de secreto o reservado por estar directamente relacionados con la dotación, planes de empleo y estándares que operan las Fuerzas Armadas”. Asimismo, alude a que “la recopilación de la información implicaría distracción indebida por el elevado número de actos, considerando que parte de la dotación está abocada al estado Excepción Constitucional de Catástrofe”.

Pese a la decisión de esta entidad, el Consejo para la Transparencia elaboró una estimación en base a las Escalas de Remuneraciones publicadas en el sitio de Transparencia Activa del organismo. Acorde a escalafón y grado consiguió establecer que un marinero mensualmente habría destinado poco más de 10 mil pesos para el pago de vivienda en promedio ($10.059) y un miembro del alto mando (almirante o vicealmirante) poco más de $42 mil pesos mensuales promedio ($42.813).

A partir lo comunicado por el Ejército –y acorde a una estimación del CPLT en base a la información entregada y su cruce con la escala de remuneraciones del año 2019- un cabo de esta rama habría destinado en promedio $9.208 pesos para fines de arriendo y $45.227 promedio en el caso de un general, que recibe un sueldo base de $822.311. En el caso de este oficial del alto mando, el monto estimado sería de $540 mil pesos total en promedio en el año 2019.

En cuanto a la Fuerza Aérea la entidad no entregó porcentaje sino promedio pagado por concepto de vivienda -que depende del grado y región de desempeño-. En base a ello, los montos calculados por el Consejo serían algo más altos. El escalafón que menos pagaría es el de Personal del Cuadro Permanente (PCP), cuyos montos promedios habrían variado en 2019 entre $15.372 y $17.945, dependiendo de la región –este grupo contempla a suboficiales, sargentos y cabos-. Por contrapartida, el valor más alto promedio sería el que habría desembolsado un oficial del alto mando: cerca 330 mil pesos promedio ($327.230) correspondiente a una propiedad localizada en la capital por un año.

Ex uniformados que siguen en viviendas fiscales

Otro hallazgo de la fiscalización del CPLT fue el uso de propiedades fiscales por parte de funcionarios en retiro de la FACH y el Ejército, lo que contravendría lo establecido en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (art. N°122) y que indica que el beneficio está destinado sólo a funcionarios de la institución. Según lo informado por estos organismos serían 18 personas las que estarían en esta situación: 11 –entre oficiales y suboficiales en retiro- del Ejército y 7 ex funcionarios de la FACH. La marina afirmó que no cuentan con asignaciones de viviendas fiscales para el personal retirado, atendido a que dicha situación “no se encuentra regulada en la legislación” –afirma el informe del CPLT-.

La rama castrense informó que en el caso de ex integrantes de la institución que ocupan estas viviendas en contra de lo reglamentado, se les descuenta el canon de arriendo y un 20% de multa acorde al estatuto institucional, además de haber iniciado las demandas respectivas ante Tribunales.

La FACH por su parte comunicó que 14 funcionarios de la institución se encuentran ocupando este tipo de propiedades: siete en el caso de “Vivienda Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF)” y la misma cantidad de “Vivienda Fisco-FACH”.

Detalles de la fiscalización del CPLT

El levantamiento de información impulsado por la Dirección de Fiscalización del CPLT consideró el análisis de antecedentes solicitados a la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea, Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería, incluyendo la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA) y la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA).

Dichas entidades recibieron requerimientos de información pública –en modalidad de usuario simulado- relativos a: acceso a arriendo de casas fiscales, las llamadas asignaciones de riesgo, pensiones de montepío, préstamos financieros y giras de estudios. En el primer caso sólo se manejó información del Ejército, Armada y de la FACH y no del resto de los organismos. Asimismo, se utilizaron datos disponibles en transparencia activa y sitios web de las instituciones contempladas.

Cabe destacar que a partir de la notificación de los resultados de este proceso, las entidades fiscalizadas tienen un plazo de cinco días hábiles para realizar descargos y entregar información complementaria respecto de eventuales incumplimientos a la Ley de Transparencia, su reglamento e instrucciones generales del Consejo para la Transparencia.