La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, analizó la situación carcelaria en Arica y Angol y determinó que Gendarmería tiene las facultades administrativas para los traslados y que ante amenazas de delitos, las autoridades penitenciarias deben denunciarlas.
Esto en base a la situación de los imputados perteneciente al Tren de Aragua y a los reclamos que han sostenido los propios funcionarios de Gendarmería por amenazas por parte de comuneros mapuches. “Cuando hay una persona que está interna en un determinado penal Gendarmería puede trasladar a esa persona, tiene facultades para trasladarla. Sin embargo, y esto no solo ocurre con el caso del Tren de Aragua, sino con casos de personas de distinto tipo que están internos en penales diversos, cuando la persona acude judicialmente y reclama no ser trasladada por alguna causa o, por el contrario, porque no se determina su traslado y en definitiva hay que pronunciarse por parte del tribunal, esa resolución del tribunal tiene un valor, porque el tribunal tiene imperio, es decir, las resoluciones judiciales tienen que cumplirse. Luego puede haber traslados que nunca sean revisados por los jueces, porque no generan ningún tipo de controversia. Los traslados que generan algún tipo de controversia y se judicializan, como son el Tren de Aragua y otros, hay que estarse a la resolución judicial que se dicta en la materia y si uno no está de acuerdo con ella seguir, como lo hemos dichos tantas veces, la vía recursiva. Si esa situación se quiere modificar, porque hay una serie de razones de seguridad y otros, o al revés porque a veces la persona está siendo maltratada donde está ,tiene que plantearse nuevamente el tema de modo judicial porque ya hay decisiones en la materia”, detalló.
Ante las denuncias de amenazas al alcaide del penal de Angol, la autoridad judicial explicó que son dos temas diferentes: “En el asunto hay que distinguir, porque si bien son dos situaciones concomitantes, son situaciones que hay que distinguirlas porque son parte de una misma cadena, pero distintas. Un tema es el traslado, para trasladar personas que están internas hay que cumplir con la normativa a la que la institución está sujeta y eventualmente puede judicializarse, según lo explicado. Si concomitante con lo anterior hay además amenazas contra los funcionarios, contra el alcaide de un recinto penitenciario, etcétera, recuerde que todo funcionario público si está en conocimiento de una situación que pueda ser constitutiva de delito debe denunciarla a los tribunales”.
Isapres
La portavoz fue consultada por el fallo de la Corte Suprema sobre el alza del plan de isapres: “Lo que ese fallo hace es decir tres cosas: primero: las isapres pueden hacer un aumento (del precio del plan base); segundo el tope de ese aumento lo determina la Superintendencia y tercero, para acceder a ese tope o menos del tope yo tengo que fundamentar cuáles son las razones por las que estoy haciendo el aumento”.
«La problemática en el caso que nos ocupa estuvo en el tercer punto en que (las isapres) se adscribieron al tope, pero a juicio del tribunal no se dieron los estándares necesarios para que esto quedara demostrado, porque la jurisprudencia de hace años de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones es que se pueden aumentar los planes, pero se tiene que fundamentar. Antes no había tope, en consecuencia era una cuestión variable, hoy ya sabemos cuál es el tope, podemos llegar al tope, pero hay que fundamentarlo adecuadamente del modo que la ley así lo contempla. En consecuencia hay ley y desde ese punto de vista la Superintendencia tiene una batería legal en la cual apoya su gestión. Lo que corresponde hacer ahora es que, dado que esa normativa ya está y que el fallo es orientador en esta materia, la Superintendencia acuerde con las isapres un tiempo y forma para que ellas vuelvan a hacer valer o declaren sus aumentos, pero eso esté estrictamente vinculado con la fundamentación de esos aumentos”, concluyó.
