Ciro Colombara, quien representa al diputado Jaime Mulet, alegó hoy ante la Corte de Apelaciones de Copiapó en el marco de la petición de desafuero que realizó la fiscalía. El penalista detalló que “no solo tenemos la convicción de que no procede una acusación penal, sino que no procede ni siquiera un reproche ético”. El próximo 9 de diciembre se conocerá la resolución.
Ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Copiapó, esta mañana se realizaron los alegatos por la petición de desafuero que el Ministerio Público realizó contra el diputado Jaime Mulet. El parlamentario se encuentra formalizado por, presuntamente, haber actuado como facilitador para que la Municipalidad de Tierra Amarilla se desistiera de una demanda por daño ambiental atribuido a Minera Candelaria.
La defensa del diputado -quien a los momentos de los hechos indagados no era congresista-, está encabezada por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y José Pablo Gómez. Durante los alegatos, Colombara aseguró que “nos encontramos en presencia de una investigación muy deficiente, sesgada, desprolija, con visión de túnel y con motivaciones políticas y de figuración. Lamento profundamente que el abogado Rogat (fiscal regional), quien pidió el desafuero, no esté en esta audiencia”.
La audiencia de esta jornada es clave, pues de según la resolución que dicte el tribunal de alzada, se establecerá si el Ministerio Público podrá o no seguir adelante con la causa.
Colombara, en sus alegatos, indicó que “parto diciendo confirmando esta inocencia total y absoluta, porque después de haber estudiado toda la carpeta de investigación, no solo tenemos la convicción de que no procede una acusación penal, sino que no procede ni siquiera un reproche ético a todo lo que ha hecho don Jaime Mulet en los hechos en los que se pretende involucrar”.
El abogado añadió que “de acogerse este desafuero, cuestión que nosotros entendemos no debiera ocurrir, él queda inmediatamente suspendido de su cargo. Consecuencialmente, se alterarían los quórums del Congreso y se afectaría todavía más la presunción de inocencia respecto del señor Mulet”.
Luego, Colombara detalló qué investiga el Ministerio Público: “Señala cómo la Contraloría General de la República dijo que los acuerdos, específicamente el contrato de transacción entre Minera Candelaria y la Municipalidad de Tierra Amarilla están contrarios a derecho porque se habría renunciado a la acción ambiental y, como hubo un pago que recibió la municipalidad, habría cohecho y corrupción. Y el señor Mulet, que no era funcionario público, no era parlamentario, habría sido inductor ante el alcalde Delgado para que llegara a estos acuerdos”.
El defensor del parlamentario explicó que “lo que se cuestiona, en definitiva, es que una municipalidad haya contratado a un estudio de abogados para llevar adelante un encargo profesional respecto de una empresa, Minera Candelaria, encargo que fue cumplido exitosamente por los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones. Señalo que don Jaime Mulet no formaba ni forma parte de ese estudio y, como consecuencia de los abogados Bosselin y Briones y otros abogados de ese estudio, la municipalidad obtuvo como consecuencia de la contratación de este estudio, un beneficio tremendo”.
De hecho, relató Colombara, el municipio ha podido recibir más de US$ 40 millones.
Asimismo, Colombara aseguró que el Ministerio Público ha evitado entregar a la Corte de Apelaciones elementos claves: por ejemplo, que la Corte Suprema sí condenó a Minera Candelaria por daño ambiental.
En la misma línea, el abogado dijo que si bien la fiscalía ha asegurado que todo inició por un informe de Contraloría, lo cierto es que el ente contralor solo determinó fallas administrativas, y que cuando esto se publicó como noticia, recién ahí los fiscales determinaron que se podría iniciar una indagatoria de oficio. De acuerdo a Colombara, existen correos del Ministerio Público que dan cuenta de esta situación.
También se cuestionó las constantes filtraciones en torno al caso. Como muestra, el abogado explicó que la petición de desafuero no la conocieron por una notificación de la corte, sino que a través de una entrevista que otorgó el ex fiscal nacional, Jorge Abbott.
Otro punto abordado en la exposición fue que la presentación de la fiscalía presenta vicios formales que, solo por eso, ya hacen necesario rechazar el requerimiento. Primero, que la petición es para una formalización -lo que ya se hizo el pasado 6 de octubre- y que solo se adjuntó un 3% de todos los antecedentes con que cuenta la investigación.
“Es una canallada lo que se dice respecto del señor Mulet”, finalizó Colombara. La Corte informó que el próximo 9 de diciembre se conocerá la decisión.
