Este viernes presentaron, ante la Contraloría General de la República, un grupo de alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) junto a parlamentarios integrantes de la Bancada Municipal, la denuncia de una “eventual arbitrariedad” en la adjudicación del “Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana 2022”.
Estuvieron presentes, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela y el alcalde de La Reina, Juan Manuel Palacios, parte del directorio de la AMUCH. Asimismo, concurrieron al encuentro, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, junto a los diputados, integrantes de la Bancada Municipal, Cristian Labbé; Miguel Becker y Juan Manuel Fuenzalida.
El reclamo de las autoridades alude a la falta de “transparencia y publicidad” por parte del ministerio del Interior y de Seguridad Pública, luego de conocerse por un medio de prensa escrita, las diferencias en la entrega de las asignaciones de fondos de seguridad municipal, y por la falta de respuesta ante la solicitud por parte de la AMUCH, del Plan Nacional de Seguridad, con el fin de obtener información de los criterios de evaluación para la entrega de recursos 2023, a los municipios para seguridad.
El Plan Nacional de Seguridad Pública junto al Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual, son instrumentos estratégicos de la gestión. No obstante, según informó AMUCH, hasta ahora los alcaldes y las alcaldesas no conocen cuáles serán los criterios para la entrega de fondos en el año 2023, pues tanto el Plan como el Índice, aun no se encuentran aprobados pese a que fueron ampliamente difundidos.
Alessandri, explicó que de acuerdo a datos publicados por la Subsecretaría de prevención del en 2022, “los municipios de Unidos por la Dignidad, con una población de 1.020.361, recibió $466 por persona. En contraste con Chile Vamos, que cuenta con una población que abarca el 1.500.553, recibió $201, per cápita”
En concreto, en el documento se solicitaal Contralor Jorge Bermúdez, “iniciar un procedimiento de fiscalización para efectos de pronunciarse sobre la eventual arbitrariedad e ilegalidad, que a nuestro juicio, se ha cometido en el llamado a concurso público y adjudicación y asignación de recursos del “Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana 2022”, siendo necesario contar con todas las resoluciones aprobatorias tanto de la convocatoria pública realizada el año 2022 como respecto de los instrumentos que entrarán en vigencia este año 2023, a fin de brindar la integridad de la información de manera abierta y pública, pues se tratan de condiciones básicas para poder seguir colaborando con las tareas en favor de la ciudadanía” especifica el requerimiento presentado.
