Apoyan dos proyectos de acuerdo que abogan ante crisis en Venezuela

2 agosto, 2017

La primera iniciativa  propone “respaldar a la Asamblea Nacional de Venezuela; desconocer la instalación de la denominada ‘Asamblea Nacional Constituyente’; repudiar la escalada de represión gubernamental, y pedir al Gobierno de Chile que inste por la realización de reuniones urgentes de organismos internacionales del más alto nivel”.

 

El texto fue impulsado por los senadores Lily Pérez San Martín, Jaqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Andrés Allamand, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Antonio Horvath, Ricardo Lagos Weber, Hernán Larraín, Manuel Antonio Matta, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez Varela, Baldo Prokurica, Rabindranath Quinteros, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
 
El texto aprobado en forma unánime (23 votos) por el Senado apunta a “respaldar decididamente a la Asamblea Nacional de Venezuela, única institución representativa legítima de Venezuela y a sus integrantes, ante la inminente amenaza de ser clausurada, quedando el país sin poderes estatales independientes y legítimos, lo que representa -en términos reales- la ruptura final del orden democrático y el consecuente establecimiento de una dictadura”.
 
Asimismo agrega “desconocer la instalación de la denominada «Asamblea Nacional Constituyente», por constituir un ente ilegítimo en su origen y proceso de elección y advertir de la violencia impredecible que pueda desencadenarse en caso de que se intente ocupar el edificio de la Asamblea Nacional para hacer funcionar este órgano incondicional del gobierno”.
 
Además “repudia la escalada de represión gubernamental que se ha traducido en más de 100 muertes, cientos de heridos y miles de detenidos en los últimos 4 meses y que se ha agravado de manera inaceptable con el reencarcelamiento de los dirigentes de la oposición democrática Leopoldo López y Antonio Ledezma”.
 
Por otra parte, instaron a “hacer una petición formal al Gobierno de Chile para que solicite reuniones urgentes de alto nivel de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y respecto de esta última, apoyar las acciones tendientes a invocar la Carta Democrática, a objeto de apoyar la vigencia del Estado de Derecho en Venezuela y animar a sus dirigentes a que busquen mecanismos de diálogo tendientes a solucionar la crisis política y humanitaria que afecta al país”.
 
RETIRO DE EMBAJADOR
 
Asimismo, la Sala aprobó por 18 votos y 1 abstención el proyecto de acuerdo mediante el cual se solicita “a la Presidenta de la República que, si lo tiene a bien, rechace la Asamblea Constituyente convocada por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro;  que retire al embajador en dicho país, y se recurra ante los organismos internacionales competentes para que se restablezca el orden y el sistema democrático en dicha nación, expresando, además, su preocupación por el correcto funcionamiento del parlamento y de sus integrantes”.
 
La iniciativa fue presentada por los senadores Baldo Prokurica, Jaqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Andrés Allamand, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, José García Ruminot, Alejandro García-Huidobro, Felipe Harboe, Antonio Horvath, Ricardo Lagos Weber, Hernán Larraín, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez Varela, Fulvio Rossi y Eugenio Tuma.
 
Entre los fundamentos de esta iniciativa se considera que “durante las últimas horas el régimen chavista de Nicolás Maduro ha devuelto a prisión a los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes se encontraban en arresto domiciliario, los cuales durante los últimos 3 años han sufrido reiteradamente persecución y apremios ilegítimos”.
 
Agregaron que “la libertad, democracia y los Derechos Humanos son fundamentales para el desarrollo y la sana convivencia de nuestros los pueblos y para la correcta representación de las distintas visiones e intereses ciudadanos. Es nuestro deber como país fortalecer y como corporación velar porque estos principios sean respetados en Chile y en todas las naciones del mundo”.
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