La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD-PRO, encabezada por Ricardo Celis, se reunió con la Presidenta y Vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira y Silvia Fernández, respectivamente, para abordar la agenda político- legislativa en materia de Derechos Humanos.
“Estoy muy contento de haber recibido a las dirigentas de la Agrupación, personas que han dado una lucha por largo tiempo por el respeto, justicia y reparación a las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en Chile”, señaló el diputado Celis.
El parlamentario indicó que “tanto a ellas como a nosotros nos preocupa principalmente lo que está ocurriendo con el proyecto de degradación de oficiales que están condenados, pero que mantienen el grado que tenían cuando estaban en ejercicio, y gozan con las remuneraciones correspondiente a eso. Nos parece de plena justicia terminar con esa situación. Por eso, llamamos al Ministro de Justicia a que le ponga urgencia a este proyecto que fue presentado el 2010 en la Cámara y que aún no puede ver la luz”.
En ese sentido, el diputado y uno de los firmantes de esta iniciativa, Tucapel Jiménez, sostuvo que “este proyecto ya tiene bastante tiempo y lamentablemente no hay señales que se le quiera dar urgencia. Si esta moción estuviera aprobada, a estos condenados se les quitarían todos los grados militares, que incluye la jubilación”.
Por su parte, Alicia Lira indicó que “nos inquieta el momento político que vivimos en este país, sobre todo con un gobierno de derecha, que dificultará avanzar en los temas de los proyectos de ley que están pendientes para parar la impunidad. Para nosotros lo principal es lo que tiene que ver con la degradación a ex militares que son condenados por derechos humanos. No es posible que se reivindique, que se haga apología a lo que fue la cultura de la muerte por 17 años”.
Finalmente, tanto los diputados como las dirigentas criticaron el rol que ha tomado el Tribunal Constitucional donde se encuentran varias causas de DD.HH paralizadas, impidiendo que “se avance en la verdad y la justicia”; y la interpretación al Código Penal -el articulo 93 y 103- para que los crímenes que se están juzgando en el Poder Judicial no sean condenados como crímenes comunes sino como crímenes de lesa humanidad.
