Respaldado por la Bancada PS, el diputado Marcos Ilabaca, promotor de la iniciativa que se tramita en la Comisión de Constitución, de la Cámara, advierte que el proyecto de ley busca eliminar la comisión de libertades condicionales y reemplazarla por un tribunal de ejecución de penas. Explicó que esta reforma busca hacerse cargo de resolver los problemas posteriores a la condena a una persona por parte de los jueces.

Ilabaca sostuvo que «la iniciativa otorga competencia al juez de garantía para conocer de las solicitudes, reclamos y recursos interpuestos por los condenados a penas privativas de libertad; consagra que los jueces serán responsables de resolver aspectos, tales como aislamientos en celdas, traslado de reclusos, medidas disciplinarias, beneficios penitenciarios (libertad vigilada, libertad condicional, entre otros)».

Es decir, recalca que «el otorgamiento de la libertad condicional debe dejar de ser una comisión administrativa que resuelve solicitudes masivas y en el proyecto de ejecución es el juez especializado quien debe revisar el caso concreto y el perfil criminológico de los condenados, para acceder a un eventual beneficio»., afirmó el legislador PS.

Para Ilabaca, «hoy existe una nebulosa. La idea es que sean los tribunales de justicia los que tengan que llevar adelante estas medidas con los informes técnicos que tengan que acompañarse. Que en definitiva exista un control de los juzgados de garantía, de los tribunales orales en lo penal respecto de estas materias. Hoy los tribunales se encuentran constituidos, por lo que no implica un costo adicional la implementación del cambio».

Además, explica que el proyecto contempla un control cruzado; «es decir, si la sentencia fue dictada por un tribunal oral, será entonces el juzgado de garantía el que deberá llevar adelante el proceso de ejecución y cumplimiento de la pena impuesta» y agrega que «hoy Gendarmería toma decisiones y nadie de los procesos de investigación penal tiene idea respecto de lo que sucede. Lo principal es que estas medidas sean adoptadas por un órgano jurisdiccional», afirmó el diputado Ilabaca.