Durante la tarde de este viernes se conoció la respuesta de la Contraloría General de la República respondió a un requerimiento presentado por lo diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton (jefe de bancada), Camila Flores, Miguel Mellado y Diego Schalper, en contra de la resolución exenta N° 3925 de 2020 que permitió al gobierno anterior y al actual, entregar beneficios extra penitenciarios a presos mapuches.
La CGR resolvió en favor de los diputados de la bancada de RN, motivo por el cual Andrés Longton ofició a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, para que adopte las medidas dispuestas en el dictamen del órgano contralor.
De no hacerlo, se detalla en el documento, “ejerceremos las acciones constitucionales para perseguir la responsabilidad jurídico-constitucional de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, considerando el agravante que, fueron reiteradas las ocasiones en que advertimos de esta ilegalidad”.
En el oficio, los parlamentarios solicitaron de la Ministra «requerir del Director Nacional de Gendarmería de Chile la supresión o derogación de la resolución exenta N° 3925 de 2020”. Esto se traduce en que deben eliminarse “todos los beneficios, permisos y traslados que se otorgaron en base a las normas prescritas por la citada resolución exenta”.
Se afirma que si bien cabe responsabilidad de quienes ejercieron la jefatura del ministerio en el gobierno anterior, “el dictamen del órgano contralor cae en este gobierno, y de ahí que sea esta Ministra de Estado la llamada a adoptar medidas”.
Además, se hace notar que recae en la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, “la supervigilancia respecto del sector justicia en virtud de la ley orgánica de la cartera”.
Tras conocer el escrito, el jefe de bancada de diputados de RN, Andrés Longton, afirmó que “la Contraloría acaba de encontrarnos razón. La resolución por la cual se basaron los beneficios penitenciarios contra reos condenados en Angol, y otros beneficios entregados a reos mapuches, es ilegal”. Y destacó que la misma respuesta de la CGR además consideró la huelga de hambre como una falta grave, algo que no se puede alterar resolución exenta. El jefe de bancada señaló que «esperamos que la Ministra de Justicia, quien dió lo beneficios penitenciarios para trasladar a estos reos a un centro de educación y trabajo, deje sin efecto los mismos porque se dictaron contra ley, bajo una resolución que no está amparada en la normativa vigente”.
Miguel Mellado, en tanto, reiteró que ésta “nos ha dado la razón de lo que venimos diciendo desde el año 2020, que una resolución exenta de Gendarmería no podía pasar por el 518, que fija según el reglamento cuáles son los requisitos que tienen que cumplir cada uno de los presos para obtener beneficios, sobre todo las salidas dominicales o quincenales”.
Asimismo, el parlamentario recordó que estos beneficios favorecieron a “Celestino Córdova, a los primos (José y Luis) Tralcal, a otros presos de Angol que efectivamente han sido condenados por la justicia y que por ser mapuches les están dando salida a través de una resolución exenta que está total y absolutamente reñida con la ley”.
Miguel Mellado afirmó que la ministra de Justicia, Marcela Ríos, “tiene que tomar en conocimiento y terminar con estos beneficios y retrotraer a lo que sí corresponde hacer de acuerdo a la Contraloría. Caso que no lo haga, ella está ganándose definitivamente una acusación constitucional porque lo que está haciendo Gendarmería hoy, con el beneplácito de la ministra, está reñido con la ley que actualmente nos rige, de acuerdo a lo que la Contraloría ha zanjado en estos momentos”.
Al respecto Andrés Longton concluyó que “utilizaremos las herramientas constitucionales que tenemos, precisamente, para hacer valer esa responsabilidad política que hoy tiene la ministra y que puede subsanar eliminando estos beneficios que fueron entregados ilegalmente”.
