El jefe de la Bancada UDI, Jorge Alessandri, además de los diputados Henry Leal y Flor Weisse, emplazaron al Gobierno para que anuncie -a la brevedad posible- un recurso de apelación a la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que este viernes resolvió otorgar el beneficio de libertad condicional a José Tralcal Coche, condenado a 18 años por el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay, pese a que sólo llevaba cuatro años cumpliendo su pena en prisión.
Al respecto, los parlamentarios calificaron la medida como “improcedente” y una “burla” no sólo con los familiares de la pareja de adultos mayores que fue quemada al interior de su hogar, sino que también con las miles de víctimas de violencia rural en la Macrozona Sur, las que a juicio de los diputados “ahora verán con absoluta desazón que ni siquiera en uno de los casos más emblemáticos de nuestro país se es capaz de conseguir la justicia que merecen por todo el daño que han sufrido”.
Por lo mismo, Alessandri, Leal y Weisse aseguraron que el Ejecutivo “tiene el deber y la obligación de apelar a la desafortunada resolución de los ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco”, advirtiendo que, en caso contrario, “estarán demostrando, una vez más, su total complacencia y complicidad con la violencia y el terrorismo como método de acción política”, recordando que en marzo de este año decidieron conceder la libertad condicional justamente a José y Luis Tralcal.
“El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de devolver, en algún grado, la confianza de los chilenos en nuestro sistema de justicia, y de reparar -en parte- todo el dolor causado a la familia del matrimonio Luchsinger-Mackay y a una comunidad completa. Y no va a ser suficiente que manifiesten su descontento con la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, sino que deben demostrarlo apelando al fallo y agotando todas las instancias para revertir la decisión”, señalaron los diputados de la UDI, quienes insistieron en que “es la única alternativa que tienen las actuales autoridades si quieren revertir la imagen complaciente que ellos mismos generaron en un inicio”.
En esa línea, los parlamentarios gremialistas también anunciaron que citarán a la comisión de Constitución de la Cámara Baja a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a objeto de que pueda informar sobre las decisiones que adoptará el Ejecutivo en dicha materia, además de evaluar las modificaciones que se podrían implementar al sistema procesal chileno.
“Son estos fallos los que reafirman la necesidad de modernizar nuestro sistema de justicia y reemplazarlo por uno menos garantista y que, de una vez por todas, esté del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Nadie es capaz de comprender cómo un asesino, condenado a 18 años de cárcel por cometer uno de los delitos más desgarradores, puede salir en libertad llevando a penas cuatro años en prisión, y eso es algo que nunca más debiese ocurrir en nuestro país”, insistieron.
