¿QUÉ SIGNIFICA AVANZAR HACIA UN SISTEMA SEMIPRESIDENCIAL?
Andrés Zaldívar, presidente del Senado
La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ya se encuentra analizando el proyecto de ley que un grupo de senadores presentáramos en mayo pasado y que busca transitar hacia un sistema semipresidencial en Chile. En sus aspectos esenciales, la iniciativa otorga al Presidente de la República la facultad para dar al titular de Interior el rango de jefe político del gabinete, con atribuciones para coordinar al resto de los secretarios de Estado y convocar al Consejo de Ministros. Asimismo, permite a los parlamentarios asumir cargos ministeriales, siendo reemplazados por un suplente nombrado por los respectivos partidos y con la posibilidad de regresar al Congreso al terminar esta función, si es que aún no ha concluido su período.
Más allá de la transversalidad ideológica del proyecto, quisiera destacar la relevancia que la implementación y profundización de los mecanismos descritos tendría. El escenario político actual se caracteriza, por una parte, por un presidencialismo que se ha ido fortaleciendo hasta llegar a un hiperpresidencialismo, con un Congreso cuya capacidad de decisión se ve limitada por un Poder Ejecutivo muy fuerte y sin contrapeso. Por otro lado, tenemos un mapa político altamente fragmentado, con una treintena de partidos, dispersión que hace difícil alcanzar las mayorías necesarias para el éxito de los proyectos de ley.
En suma, estos elementos dificultan el adecuado ejercicio de la democracia y nos ponen ante la necesidad de buscar fórmulas que flexibilicen el sistema que hoy tenemos, favorezcan los equilibrios y den así una mejor gobernanza al país. En esa dirección, lo que junto a los senadores Andrés Allamand, Hernán Larraín, Felipe Harboe y Carlos Montes perseguimos es que Chile se acerque a modelos como los de Alemania, Francia y otros países donde los miembros del Congreso pueden aunar sus esfuerzos con el Gobierno en la conducción de los asuntos políticos. En tanto, los gobiernos, al carecer de la mayoría necesaria para sacar adelante sus programas, convocan a parlamentarios de otros partidos a formar parte del Ejecutivo y así lograr los consensos requeridos.
Es importante aclarar que no se trata de eliminar el sistema presidencial, sino de dotarlo de herramientas que faciliten la convivencia, resolviendo eventuales tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y dando una más amplia participación a las distintas expresiones políticas. Tampoco estamos hablando de una especie de “gatopardismo” o cambios cosméticos para que todo siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora.
Si bien este proyecto no pretende generar una transformación radical ni convertirse en la panacea contra los defectos de nuestro esquema político, sí representa un avance hacia un trabajo más alineado, con roles claros, instituciones empoderadas y una mayor coordinación entre los distintos actores. No está en la visión de favorecer a un sector o a otro, sino que le da al país una visión de largo plazo, cualquiera sea el gobierno en ejercicio.
Otros pasos se darán en la medida en que prospere la reforma a la Constitución, tarea que estará en manos del Congreso que será elegido en noviembre próximo. Lo que ahora debe producirse es un debate republicano, con la mayor altura de miras y que considere las particularidades de la cultura, tradición jurídica e historia constitucional de nuestro país. La opinión de ex Presidentes, ex ministros del Interior, abogados constitucionalistas y otros expertos será relevante para construir una figura jurídica que, junto con los efectos mencionados, contribuirá a generar mayor confianza ciudadana en la política.
