Ayer, los defensores públicos Carlos Mora y Octavio Sufán recurrieron al tribunal de alzada para reiterar su teoría respecto a que el único responsable del control de ingresos y gastos de campaña del ex candidato, en caso de existir irregularidades, era el administrador electoral y no el entonces presidenciable.
“Los gastos que originalmente fueron aprobados por SERVEL y que respecto de los cuales el Ministerio Público inició una investigación, son responsabilidad del administrador electoral y no de los candidatos, según lo establece la ley”.
Ese es el argumento con el que los defensores públicos Carlos Mora y Octavio Sufán llegarán hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para insistir en el sobreseimiento definitivo de Marco Enríquez-Ominami por el presunto delito de fraude de subvenciones que le fue atribuido en la causa que lleva adelante la fiscal Ximena Chong.
De esta manera, el tribunal de alzada deberá escuchar los argumentos de defensores públicos del ex presidenciable luego que se presentara, ayer, un recurso de apelación contra la resolución del 7° Juzgado de Garantía que el miércoles de la semana pasada, rechazó liberar de todos los cargos al ex candidato presidencial, quien ya fue sobreseído de delitos tributarios.
De acuerdo a los fundamentos expuestos por Mora y Sufán ante el tribunal de primera instancia, el control de ingresos y gastos era responsabilidad del administrador electoral, quien –según la ley establecida para esos efectos- actúa como mandatario para ello.
Por ello, en el marco de sus facultades, dicho administrador –quien también ejerció como tal respecto al Partido Progresista- fue quien el día 17 de diciembre 2013, realizó la rendición del gasto electoral que ha sido cuestionado por el Ministerio Público –pero, sin embargo, aprobada por el SERVEL- por tanto, en ningún, le cabría responsabilidad al entonces candidato.
En este escenario, a juicio de la defensa, Marco Enríquez-Ominami no podría ser objeto de una imputación penal de la Ley 19.883 de Gasto Electoral, pues necesariamente establece una figura externalizada para el control y rendición de los gastos de campaña.
“Desde el punto de vista lógico, no resulta razonable que este presunto delito lo cometa el propio candidato, sin siquiera interrogar a quien tenía por ley, la responsabilidad del control y gasto electoral como es el administrador electoral. Ello no es razonable legalmente y eso explica por qué no hay ningún otro candidato investigado presidencial investigado por estos supuestos ilícitos. Lo que sí ha habido -y más de uno- son administradores electorales que han debido enfrentar cargos ante los tribunales”, agregó al respecto el defensor regional Carlos Mora.
Confirmación de sobreseimiento por delitos tributarios
En la misma instancia en que se reiteren dichos argumentos, la defensa de ME-O buscarán confirmar el fallo que lo dejó libre de todos los hechos de delitos tributarios que le fueron imputados, y de los cuales el Servicio de Impuestos Internos nunca se hizo cargo.
Incluso, el ente fiscalizador jamás presentó querella nominativa en su contra y lo excluyó de su acusación, siendo este uno de los fundamentos que acogió el 7° Juzgado de Garantía para decretar el sobreseimiento del ex presidenciable.
Esto último, porque el Ministerio Público intentará revocar el dictamen que rechazó sus argumentos y liberó de cualquier ilícito tributario al ex candidato presidencial por estimar que no existen antecedentes que pudieran presumir la existencia de algún acto al margen de la ley.
