La diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, envió un oficio a la Fiscalía para investigar eventuales presiones contra el dueño de Itelecom Holding Chile para perjudicar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el marco de la investigación contra la empresa.

El oficio, dirigido al fiscal nacional, Jorge Abbott, se basa en una entrevista realizada por el portal de noticias “La voz de los que sobran” a Hugo Lefort Hernández, hermano del gerente general y dueño de Itelecom, León Marcelo Lefort, quien se encuentra en prisión preventiva por el denominado “Caso Luminarias”.

En dicha entrevista, Lefort afirmó que su hermano ha recibido presiones de la Fiscalía para atestiguar en contra del jefe comunal. “Vo’ me decí’ algo contra Jadue y te mandamos al tiro con arresto domiciliario a tu casa”, le habrían dicho.

Hugo Lefort Hernández de 65 años en declaraciones a este medio, asegura que “Creo que hay una intencionalidad muy grande, política (…) Me avisaron que la Fiscalía lo tiene como un rehén. Todas las interrogaciones de la Fiscalía son, en este último tiempo, para que Marcelo cague a Jadue”, aseguró.

En su oficio, la diputada denuncia que las acusaciones “revisten gran gravedad, pues de comprobarse su veracidad, la Fiscalía estaría faltando a las normas y principios que la ley le encomienda en el desarrollo de sus funciones y ante la posible comisión de ilícitos por parte de funcionarios del Ministerio Público”.

La parlamentaria destacó que “resguardar y respetar el principio probidad es fundamental en el correcto funcionamiento de la institucionalidad pública, tanto como el principio de autonomía que le asiste en ánimo de resguardar el estado de derecho”.

Por ello, pidió al Ministerio Público que “se pronuncie respecto de estas acusaciones e inicie investigación sumaria que permita esclarecer estos hechos, identificar a los responsables si los hay, y aplicar todas las sanciones correspondientes”.

Recordar que en su momento, concejales de la UDI de Recoleta hicieron una denuncia ante la Contraloría General de la República, por supuestas irregularidades en el proceso de licitatorio, que fueron desestimadas por el órgano fiscalizador.