El diputado comunista Daniel Núñez aseguró tras presentar la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera que el mandatario debe responder políticamente por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado durante y después del estado de Emergencia.
“Una persona, por muy poderosa que sea, tiene que responder por sus actos. Sabemos que el Presidente Piñera es un hombre tremendamente poderoso, tiene un gran poder económico y ahora un gran poder político. No obstante él, como cualquier chileno, no está por encima de la ley y debe responder por sus actos. Esta acusación constitucional justamente lo que busca es que él responda por sus decisiones políticas que tomó y que han implicado estas masivas violaciones a los derechos humanos”, aseguró.
Para el congresista por Coquimbo, el Presidente Piñera infringió la Constitución y las leyes.
“La más grave infracción de todas es haber puesto en riesgo la vida, la integridad física de millones de chilenos al decretar el Estado de Excepción, al sacar a las calles a militares armados con la orden de disparar y después de haber terminado con el Estado de Excepción haber continuado instruyendo a Carabineros y respaldando una práctica y una aplicación de una violencia y de una fuerza excesiva en forma generalizada y sistemática”, manifestó.
La acusación constitucional fue presentada por las diputadas Claudia Mix (Comunes), Gael Yeomans (CS), Carmen Hertz (PC), Carolina Marzán (PPD), Emilia Nuyado (PS) y los diputados Daniel Núñez (PC), Claudio Naranjo (PS), Tomás Hirsch (PH), Jorge Brito (RD), Vlado Mirosevic (PL) y Esteban Velasquez (FRVS). El documento está dividido en 2 partes. La primera apunta a acreditar la responsabilidad política y administrativa del Mandatario en las violaciones a los derechos humanos. La segunda parte describe cómo Piñera comprometió gravemente el honor de la nación.
En el capítulo 1 se pormenoriza la vulneración de la Constitución y la amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica fijada en artículo 19 Nº 1; El derecho a la libertad personal del 19 Nº 7; La libertad de expresión del artículo 19 Nº 12 y el derecho de reunión del artículo 19 Nº 13.
Asimismo, también se describe la grave vulneración de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en materia de estados de excepción, al suspender ciertas garantías.
Asimismo, se detalla que el Presidente de la República ha vulnerado gravemente los derechos de los niños y niñas del país, contraviniendo de forma expresa la Convención de Derechos del Niño.
El documento también expresa que se infringieron los derechos de las mujeres de forma grave, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En el capítulo 1 también se verifica que agentes estatales perpetraron organizada, sistemática y generalizadamente diversos delitos contra personas, como homicidios, torturas y apremios ilegítimos, abusos sexuales, violaciones, privaciones arbitrarias de libertad y heridas oculares en 217 personas.
Según Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay 6 casos de muertes donde hay antecedentes suficientes que hacen presumir la responsabilidad de agentes del Estado en delitos de homicidio. Por otra parte, existen 7 casos donde hay antecedentes que hacen presumir responsabilidad de agentes del Estado en delito de homicidio frustrado.
En el capítulo 2, se establece que Piñera comprometió gravemente el honor de la nación, tal como se consigna en el artículo 52 número 2 letra a) de la Constitución, donde se afirma que el Presidente puede ser acusado por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación.
“La escalada represiva sitúa a Chile como una democracia objeto de un severo cuestionamiento de la comunidad internacional. Ello obligó a las autoridades nacionales a cancelar tanto la cumbre de la APEC como la COP 25, reuniones internacionales de alta significación”, se expresa en parte del documento.
Así también queda registrado por la Condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
