“Lo dijimos desde un principio, Pablo Longueira está inhabilitado para la vida política por tener suspendido su derecho a sufragio al ser acusado por el Ministerio Público por delitos que merecen pena aflictiva y su reciente irrupción política sólo aprovechaba un error del sistema que no había notificado su estado procesal”, afirmó el diputado PS Leonardo Soto, luego de que se conociera la decisión del Servicio Electoral (Servel).

“Hoy se le termina el chipe libre, este show mediático que creó para intentar manipular a la opinión pública y zafar de la justicia y es colocado donde debe estar alguien con su prontuario: suspendido en sus derechos políticos”, destacó el parlamentario.

Fue en septiembre que el diputado Soto pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) realizar las acciones correspondientes para que el tribunal que lleva el juicio penal contra el ex senador UDI informara al Servel que Pablo Longueira está acusado por varios delitos de corrupción que le suspenden su derecho a sufragio y a ser candidato a cualquier cargo de elección popular.

“No podíamos permanecer indiferentes ni permitir que quienes con sus conductas vinculadas a corrupción, financiamiento ilegal de campañas y fraudes tributarios, que destruyeron gran parte de la confianza de la gente en las instituciones políticas y cargan con una mochila llena de toda esa basura que ensució nuestra democracia, vuelvan como si nada y más encima, quieran manchar el proceso constituyente con candidaturas ficticias”, criticó Soto.

“Longueira es uno de los personajes símbolo de la corrupción política en este país, con un prontuario escandaloso por el cual enfrenta un juicio oral penal y esa acusación es causal de suspensión de su derecho a sufragio y otros derechos políticos conforme al artículo 16 Nº 2 de la Constitución”, detalló el legislador quien aseguró que “es una noticia positiva que personas que han usado sus cargos públicos para atentar contra la fe pública y defraudado la confianza ciudadana, sean marginados de toda elección, porque en definitiva, se transformaron en un verdadero peligro para nuestra democracia”.

Asimismo, Soto prevé que “al acoger nuestro criterio, el Servel nos confirma que toda clase de delincuentes acusados de corrupción no pueden votar y si esta doctrina debe aplicarse a otros que han tenido similares conductas, que así sea, la ley pareja no es dura”.

Por último, Soto dijo que “alguien que cometió graves delitos, recibió dinero de empresas y promulgó o consiguió leyes a la carta para ellas, evidentemente no puede ser candidato a un cargo de elección popular, no puede ser militante de un partido político y ni siquiera debió haber votado en el plebiscito del 25 de octubre. Nunca tuvo real interés en representar los intereses de muchos o el bien común en esos actos electorales o en órganos políticos; solo utilizan sus cargos y las instituciones democráticas para enriquecerse y conseguir su propio interés particular y, por tanto, la sociedad hace bien en defenderse y excluirlos del juego democrático”.