Los diputados Erika Olivera y Andrés Celis (RN) e integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara manifestaron su molestia por el anuncio de Diputados de Oposición de recurrir a Contraloría para ver la legalidad de las modificaciones al protocolo de la objeción de conciencia en la Ley de aborto en tres causales.
Para los diputados aquí primero se debe distinguir que es el Tribunal Constitucional, quien declaró que las clínicas privadas pueden ser ‘objetoras de conciencia’ respecto a si facilitan o no sus recintos para practicar aborto en alguna de las tres causales que comprende la ley.
Por lo tanto: “En ese contexto, el reglamento anterior, establecía una discriminación arbitraria hacia aquellas Clínicas que se han declarado objetores de conciencia, por lo anterior, es que este nuevo reglamento se adapta a lo que el Tribunal Constitucional ya estableció como un derecho. O a alguien le podría hacer sentido, que el Estado lo discrimine y le impida contratar con él por hacer uso de un derecho que está además ratificado por el mismo Tribunal Constitucional?” cuestionó Erika Olivera.
En este mismo sentido agregó que: “En mi opinión ahí habría una discriminación arbitraria, improcedente en nuestra legislación. Una puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la Clínica, pero en ningún caso contra el Reglamento del Ministerio, porque lo que hace es restablecer el derecho. En caso contrario el Estado se expone a severas demandas de privados contra el fisco por los perjuicios económicos que podrían tener al ser discriminados arbitrariamente”.
Por su parte, el diputado Andrés Celis manifestó que: “El ministro de Salud ha sido claro y categórico que tanto la ley como el reglamento no han sufrido modificaciones y que se trata de una modificación al documento administrativo como es el protocolo, que de mantenerse como estaba iba a significar un perjuicio directo a los pacientes públicos. Aquí no se están vulnerando los derechos de las mujeres y ni significará un costo adicional para ellas. Antes podían verse afectadas por no poder acceder a la atención pública en esas instituciones. Hoy el panorama cambió”.
Celis continuó: “Lo que hace el PC es intentar boicotear cualquier iniciativa del Gobierno, aún cuando sean las mujeres las que salgan beneficiadas con esta modificación”.
En esa misma línea Olivera criticó el Reglamento anterior, señalando ‘con el sistema anterior, se impedía a la mujer poder concurrir a atender otras necesidades Obstétricas o de Maternidad, con esos prestadores al estar bloqueados, esa colision de derechos no estaba correctamente resuelta hoy si’ .
Finalmente, los diputados concluyeron que la presentación ante la contraloría sólo tiene un afán efectista que no se hace cargo de la situación en que quedaban miles de mujeres que necesitaban atención Obstétrica y que no podían elegir a dichos prestadores por la falencia de la reglamentación de gobierno anterior.
