A partir del alza de la violencia en el sur del país, y de la solicitud que hiciera la bancada del PPD para que veedores de la ONU abordaran eventuales casos de racismo en la zona, los diputados de Renovación Nacional por La Araucanía, Miguel Mellado, Diego Paulsen, Jorge Rathgeb y René Manuel García, solicitaron a través de una misiva a la Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU, Michelle Bachelet, contemplar el envío de observadores a las regiones de La Araucanía y Biobío, para entrevistarse con víctimas de la violencia rural y el terrorismo.

La carta consigna que “es de conocimiento público que personeros políticos de nuestro país, específicamente la bancada de diputados del Partido Por la Democracia, han solicitado al ACNUDH enviar veedores a la zona de conflicto, entre otras medidas de vuestra facultad. En este marco, es que venimos en solicitar al ACNUDH, que de acceder a dichas solicitudes, pueda contemplar de igual forma la visita de veedores a las regiones de La Araucanía y Biobío, para entrevistarse con las víctimas de la violencia rural en la zona y levantar un informe que dé cuenta de la compleja situación que atraviesan y la vulneración de derechos que enfrentan”.

El diputado Miguel Mellado (RN) explicó que la misiva apela al deber ineludible que tiene la organización de derechos humanos con todos los ciudadanos por igual. “Creemos que es un deber ineludible para quienes trabajan por resguardar los derechos humanos de las personas, atender y escuchar también a las víctimas de la violencia rural en la región, de origen mapuche y no mapuche, a fin de visibilizar las constantes violaciones a sus derechos humanos”.

En la misiva, se consignan algunos casos de víctimas de la violencia y el terrorismo, como Juan Barrios, asesinado por encapuchados que perpetraron un ataque incendiario en contra de él y el camión que conducía, falleciendo semanas después debido a graves quemaduras en su cuerpo. También mencionan al emblemático lonco mapuche Aniceto Norin, víctima de diversos ataques incendiarios y al lonco José Cariqueo, quien sufrió el asesinato de sus dos hijos, debido a que decidieron no sumarse a la causa por la vía violenta, como él mismo ha declarado.

En la carta además, se contextualizan los últimos hechos de violencia en la zona, perpetrados en el marco de la exigencia que hacen grupos para el excarcelamiento de personas privadas de libertad, dando cuenta de los motivos que ha tenido la justicia para condenarlos o imputarlos. “Víctor LLanquileo y José Cáceres, condenados a 21 y 24 años de cárcel respectivamente, por el violento asalto con rehenes registrado en la caja de compensación de Galvarino el 24 de abril del año 2018. Freddy Marileo, imputado en prisión preventiva como autor de los delitos consumados de homicidio simple de los hermanos Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, hijos del lonco José Cariqueo. Benito Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo, condenados por delito de incendio contra una iglesia evangélica en Padre Las Casas, donde los condenados encañonaron a los fieles que a esa hora realizaban un culto, para luego incendiar el templo. Celestino Córdova Tránsito condenado por el incendio con resultado de muerte de Vivianne Mackay y Werner Luchsinger, agricultores quemados vivos dentro de su vivienda”, señala la misiva.

“Es importante aclarar tanto a observadores de la ONU, como a la ciudadanía, que no existen presos políticos como quieren hacer parecer, lo que existe son personas condenadas e imputadas por delitos de suma gravedad como homicidios, asaltos, ataques armados e incendiarios, entre otros. Y también existen grupos fuera de las cárceles que están cometiendo ataques incendiarios, para presionar a los poderes del estado a fin de que los liberen, lo cual escapa de toda lógica y de las leyes que rigen la justicia en este país. Es hora de centrar la atención en las verdaderas víctimas y dejar de tergiversar la realidad”, dijo Mellado.