Sujeto a las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y testigos, quedó el alumno de antropología Juan Francisco Ramírez Ramírez, de 40 años de edad, imputado por las lesiones graves y amenazas en contra del ex diputado José Antonio Kast.
De acuerdo a lo señalado por el fiscal Juan Valdés en la audiencia de control de detención, los hechos ocurrieron en dependencia de la Universidad Arturo Prat, donde la víctima fue abordada por un grupo de personas, entre las cuales estaba el imputado, quienes la insultaron, amenazaron y agredieron por diferencias ideológicas.
Incluso estas agresiones se mantuvieron afuera del recinto estudiantil, donde la víctima recibió golpes de pies y puños, resultando policontuso, con lesiones en un tobillo y una mano. En el hospital estas lesiones fueron calificadas como grave.
El fiscal detalló que el imputado, junto a otras personas que no han podido ser identificadas, amenazaron con matar a la víctima, a quien denominaron como “nazi y fascista”.
La Fiscalía dio cuenta de los testimonios del ex diputado y de varios testigos que lo acompañaban, quienes reconocieron al imputado como unas de las personas que los amenazó y agredió, además de las imágenes de una cámara de seguridad municipal que ubica a Ramírez Ramírez en el lugar de los hechos.
Junto a los abogados querellantes del Intendente Regional y de la propia víctima, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, dado el carácter de los delitos, la existencia de la circunstancia agravante de cometer el delito por diferencias ideológicas, y que éste se haya ejecutado en grupo o pandilla.
Sin embargo, la magistrado Verónica Opazo no acogió la petición, por estimar que la privación de libertad era desmedida ante delitos que no tienen asignadas penas de crimen, que el imputado tiene irreprochable conducta anterior y que en caso de ser condenado, puede optar a cumplir con una pena sustitutiva.
De esa forma, el Tribunal resolvió que el imputado quedara sujeto a las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y testigos mientras dure la investigación, que tiene un plazo de 60 días.
