Las 216 personas y organizaciones abajo firmantes, rechazamos la política de criminalización de la protesta social y expresamos toda nuestra solidaridad con Lorena Sandoval, asistente de la concejala de Santiago, Rosario Carvajal y con Alejandra Araya, historiadora y docente de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

El Alcalde Felipe Alessandri del Municipio de Santiago, ha interpuesto una querella criminal contra la asistente de la concejala y la académica de la Universidad de Chile, por considerarlas «cómplices» de los delitos de daños y robo con fuerza en lugar no habitado, por una suma de 19 millones de pesos, situaciones que se habrían registrado en el Liceo 7 Teresa Prats, en el contexto de una ocupación por parte de sus estudiantes, la que se produjo luego de que Carabineros ingresaran disparando contra dos alumnas, el día 5 de noviembre de 2019.

Con el objetivo de acompañar a una comunidad violentada tras los hechos de abuso policial, se conformó una mesa de trabajo, integrada por la Cátedra de DDHH de la U. de Chile, la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM, la Defensoría de la Niñez, la Corporación 4 de Agosto y las Concejalías de Rosario Carvajal e Irací Hassler.

Preocupadas de la situación y como mandato de la mesa de trabajo, Lorena Sandoval y Alejandra Araya, concurrieron al liceo y estuvieron presentes el 24 de diciembre de 2019, en la entrega de las instalaciones del Liceo a la autoridad, al mediar para que se finalizará la ocupación del recinto y garantizar que dicha entrega se hiciera sin violencia. Situación conocida e informada al Alcalde Alessandri el 26 de diciembre de 2019, al finalizar concejo municipal.

Los hechos relatados en la querella no se ajustan a la verdad y la acción judicial carece de fundamentos. La estrategia de la Alcaldía, su equipo jurídico y la directora de la DEM (Dirección de Educación Municipal), ahora es criminalizar a quienes han querido garantizar la integridad de las y los jóvenes, y el ejercicio de su derecho a la educación y manifestación.

Como dirigentes sociales de Santiago y otros espacios y comunas del país, conocemos el trabajo de Lorena Sandoval en nuestros territorios, que desarrolla como parte del equipo de la Concejalía de Rosario Carvajal, y de Alejandra Araya, impulsora de la recuperación del legado de Gabriela Mistral en el Liceo 7. No aceptaremos estas acciones de amedrentamiento a quienes representan posiciones críticas y han ejercido su rol fiscalizador, a la actual administración.

Es preocupante que la alcaldía dedique recursos municipales a la persecución política, mientras los problemas en la comuna, tras el estallido social, se agudizan. Llamamos al Alcalde de la Municipalidad de Santiago, a desistir de estas acciones arbitrarias, que sólo profundizan la desconfianza y violentan el trabajo por la educación pública y el buen vivir en nuestras comunidades.