- La senadora Aravena y los diputados Mellado y Rathgeb cuestionaron que “la entidad fiscalizadora superior de Chile, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública y de fiscalizar el buen uso de los fondos fiscales, no esté en condiciones de pronunciarse sobre cómo la Conadi ha estado llevando a cabo la compra de, según se estima, unas 250 mil hectáreas, con una inversión del Estado que bordea los 500 mil millones de pesos.”
Hasta la Contraloría General de la República llegó la senadora Carmen Gloria Aravena junto a los diputados RN Miguel Mellado y Jorge Rathgeb para presentar un requerimiento orientado a que ese organismo instruya sumarios e intervenga para clarificar el estado de la compra y entrega de tierras a comunidades indígenas desde la entrada en vigencia de la Ley No 19.253 en 1993.
Los parlamentarios de la Araucanía reiteraron en la ocasión que “es inaceptable que la Contraloría no disponga de información sobre la materia” y manifestaron su preocupación por la falta de control frente a “un tema tan delicado”. En ese sentido, sostuvieron que el propio órgano debiera evaluar internamente por qué carecen de los métodos de verificación necesarios para desarrollar un catastro, considerando que las compras de tierras indígenas han sido visadas por Contraloría, a la vez que instruir un sumario en la Conadi.
A juicio de la Senadora, “es a lo menos sorprendente que la entidad fiscalizadora superior de Chile, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración Pública y de fiscalizar el buen uso de los fondos fiscales, no esté en condiciones de pronunciarse sobre cómo la Conadi ha estado llevando a cabo la compra de, según se estima, unas 250 mil hectáreas, con una inversión del Estado que bordea los 500 mil millones de pesos.”
En ese contexto, el diputado Mellado, explicó que el exdirector de la Conadi, Aroldo Cayún, dictó en 2003 una Resolución “sobre la manera de comprar tierras que luego, en 2011, la Contraloría dijo que estaba fuera de la ley. Por lo tanto, queremos sumarios administrativos dentro de Contraloría y también dentro de Conadi, para que nunca más se juegue con la plata de todos los chilenos. Por eso, hemos pedido a la Contraloría que nos diga qué sucedió todos estos años que se compró tierras fuera de la ley”.
Los congresistas reiteraron la necesidad de “ver la manera de realizar una auditoría y disponer de un catastro para poner término a una situación que es indignante e inaceptable”. En Contraloría y en la Conadi, “hay personas que visaron compras que están fuera de la ley de acuerdo a lo que ellos mismos declaran”, aseguró Mellado.
“Estamos hablando de miles de millones de pesos invertidos por el Estado en los últimos 25 años, hoy ni siquiera hay certeza de a quiénes pertenecen esas tierras y a este paso, con las comunidades que aún esperan para acceder al beneficio, no habrán suficientes para satisfacer todos los requerimientos”, sentenció la senadora por La Araucanía.
