Hasta las oficinas del Consejo para la Transparencia llegó este lunes 13 de mayo el senador Felipe Harboe, con objeto de llevar a cabo una denuncia en contra del Ministerio de Educación, que el pasado 9 de mayo envío cerca de 437 mil emails a padres, apoderados, docentes, directores y sostenedores de establecimientos educacionales de todo Chile, sin el consentimiento de los dueños de las casillas de correo.
El contenido de dichos correos apuntaba a una crítica al nuevo Sistema de Admisión Escolar y a los partidos de oposición, calificándolos de “obstruccionistas”, en relación al proyecto de ley de Admisión Justa.
El senador Harboe, quien es uno de los principales propulsores de la protección de datos en el país, denunció que este envío masivo de e-mails no se ajusta a derecho, toda vez que la base de datos que se utilizó no fue recolectada con esta finalidad.
“La presentación que hemos hecho para el Consejo para la Transparencia, tiene como objetivo que el Consejo, en virtud del Artículo 33, letra M, pueda establecer que el proceder del Ministerio de Educación no se ajusta a lo establecido en la ley sobre protección de la vida privada y datos personales, Ley N* 19.628, toda vez que el envío masivo de correos electrónicos a profesores, docentes, apoderados, directores y sostenedores, cerca de 437 mil correos enviados, no se ajusta al derecho”, expuso el parlamentario.
En detalle, el legislador PPD indicó que el Ministerio “violenta completamente el principio de finalidad del dato. Este principio dice que sólo se pueden utilizar los datos recolectados para los fines que fueron recolectados y, evidentemente en este caso, la finalidad no es el envío de opiniones políticas, ideológicas o juicios de valor, sino más bien, se trata de una base de datos que se construyó con el objetivo de comunicaciones, por ejemplo, en caso de emergencias, cuando hay suspensión de clases o problemas graves. No hay justificación para utilizar estos datos para un fin distinto”, explicó Harboe.
“Esto es lo mismo que cuando usted le entrega un dato personal a un banco para que haga la cobranza de su crédito y resulta que después le envían todo tipo de publicidad. Eso es lo que estamos combatiendo hoy, porque justamente, esto altera el principio de finalidad y es lo que hizo el Ministerio”, dijo el senador.
La prueba de fuego
El parlamentario apuntó a que el hecho termina por poner a prueba las capacidades del Consejo, entendiendo que, en el marco de la discusión del proyecto de ley de datos personales, el Gobierno planteó que fuera este organismo el que se haría cargo de la tuición de los datos personales.
“Esta va a ser la prueba de fuego. Esperamos una pronta decisión favorable para los cientos de miles quienes han sido invadidos en sus correos electrónicos con información que no corresponde. Espero que el Ministerio de Educación rectifique su actuar y que el Consejo para la Transparencia establezca las sanciones correspondientes”, planteó el senador del PPD.
