El senador Francisco Huenchumilla señaló que el presente proyecto de ley propone una modificación al Código Civil, con el objeto de considerar la situación de gradualidad del deterioro cognitivo en los adultos mayores que la padecen para la administración de su patrimonio.

 

“Estamos poniendo al Código Civil al día de acuerdo con la medicina moderna, tema muy relevante para los adultos mayores”, afirmó.

 

Asimismo, el senador indicó que según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Adulto Mayor (ENCAVIDAM), a junio de 2018 la población de personas mayores en nuestro país (60 años y más) asciende a 2,96 millones de personas, es decir, representa casi el 11% de nuestra población

 

Además, Huenchumilla señaló que hoy la esperanza de vida en Chile es la más alta de Latinoamérica (82 años para las mujeres y 77 años para los hombres)  y el proceso de envejecimiento de nuestro país ha sido el más acelerado de la región, de esta manera para 2050 se estima que dos de cada diez personas en Chile será adulto mayor.

 

También, el legislador sostuvo que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), estima que de la población de adultos mayores en Chile, más de 180 mil personas presentan algún tipo de demencia, entendida por tal, una amplia variedad de síntomas relacionados con el deterioro de las capacidades de razonamiento, que son lo suficientemente relevantes como para reducir la capacidad de las personas para realizar actividades cotidianas.

 

“No obstante la ciencia médica autorizada reconoce que los estados de deterioro cognitivo en adultos mayores cuentan con una gama de gradualidad, pasando por estados leves, moderados y severos, y la legislación chilena no contempla un tratamiento gradual para estas personas en cuanto a su capacidad jurídica”, puntualizó.

 

Finalmente, el legislador aclaró que “el modelo actual de capacidad contemplado en el Código Civil data de 1855, donde la esperanza de vida promedio en nuestro país bordeaba los 25 años. Hoy, la esperanza de vida bordea los 80 años en promedio. Por esta razón, nuestro país no cuenta con una legislación actualizada que distinga la capacidad jurídica de personas adultas mayores que tengan grados de discapacidad cognitiva que no sean considerados «dementes» o incapaces absolutos”, concluyó.