La iniciativa busca que el alimentario, o su representante legal, pueda solicitar el retiro de fondos del 10% de las AFP del deudor de la pensión alimenticia, aunque ellos no quieran hacer efectivo dicho retiro. La propuesta fue presentada por las senadoras Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Órdenes (Ind) y Carmen Gloría Aravena (RN).
“La moción parlamentaria que hemos presentado junto a la senadora Isabel Allende, es en defensa de los niños y niñas que son víctimas de una presión y una violencia que muchas veces los padres quieren ejercer sobre sus madres. No podemos normalizar que solo un 16% de los padres estén al día con la pensión de alimentos”, expresó Yasna Provoste, miembro de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara Alta.
Asimismo, la parlamentaria DC explicó que “a raíz de la autorización que la Reforma Constitucional nos ha permitido, que es autorizar el retiro de hasta un 10%, se estableció también la posibilidad de retener los montos de pensiones alimenticia adeudadas; y esto dejó al descubierto una realidad que es muy preocupante y es que uno de cada cinco alimentantes cumple con su obligación de proveer alimento a sus hijos e hijas”.
“No puede ser que en Chile un deudor le tenga más miedo a una casa comercial, al banco, que a la justicia que le ordena pagar una pensión de alimentos; es por eso que hemos presentado esta Reforma Constitucional, que esperamos pueda no solo evitar que se siga ejerciendo una violencia psicológica a las madres, sino cumplir con el derecho de los niños y niñas, que es tener una alimentación por parte de sus padres”, sentenció Provoste.
Reforma Constitucional
En lo sustancia, el proyecto de Reforma Constitucional el derecho a la madre, o a la cuidadora de un menor beneficiario de una pensión de alimentos, de solicitar -vía judicial- el retiro el 10% de las AFP del alimentante, para que así –con parte de esos fondos- se ayude a cancelar las deudas derivadas de esta compleja realidad.
“Sin duda que este proyecto también ayuda a abrir una conversación a un tema mucho más profundo y que nos preocupa, que es la falta de disposiciones legales efectivas, en orden de que se garantice el pago de un derecho que es básico para los niños y niñas de nuestro país”, manifestó la senadora Yasna Provoste.