Una querella por el delito de difusión de imágenes de carácter privado presentó hoy el alcalde de San Fernando, Luis Berwart, en contra de Ricardo Zúñiga González y Javier Álvarez Díaz.

Ambos imputados fueron formalizados el 14 de julio por distribuir a una imagen privada del jefe comunal tras ser detenidos por la Policía de Investigaciones. Posteriormente, en esa audiencia se decretó para ambos las medidas cautelares de arraigo y la prohibición de acercarse a la autoridad

La acción judicial -que también va dirigida contra quienes resulten responsables de la difusión- fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de San Fernando por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

“Los querellados, Ricardo Zúñiga y Javier Álvarez, difundieron a través de sus perfiles de Facebook una fotografía personal, privada en que aparezco sin mi autorización ni consentimiento. Motivo de estos hechos, el mismo día 13 de julio de 2020 alrededor de las 19.00 hrs, se realizó denuncia ante la Policía, en que se acompañaron los links con las publicaciones realizadas por los querellados, así como copia de la fotografía que fue compartida por don Ricardo Zúñiga y Javier Díaz”, relata el alcalde Berwart en la querella.

Agrega que al compartir la imagen en sus redes sociales dieron “acceso a todos sus contactos a dicho contenido, los que pueden haber guardado dicha fotografía o incluso compartido la publicación. Lo que a todas luces, es una gran vulneración a mi privacidad y mi esfera de intimidad”.

Esta acción judicial se suma a la formalización del empresario Claudio Ibarra, a quien el 17 de junio pasado la fiscalía le imputó el delito de extorsión, luego que éste le solicitara al alcalde el pago de $200 millones a cambio de no viralizar un video personal.

El hecho fue denunciado ante el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, el día 10 de junio, y de acuerdo al escrito, el imputado se habría contactado con Luis Berwart de manera telefónica para informarle que tenía imágenes privadas que lo involucraban directamente con otra persona mayor de edad.

Paralelamente, se interpuso una querella contra el concejal Pablo Orellana luego que, en su declaración ante la PDI, el imputado lo sindicara como la persona que le había facilitado el video a través de WhatsApp y que luego fue utilizado para cometer la extorsión.