En relación con una información de CIPER CHILE que dio cuenta de la existencia de una unidad de inteligencia de Carabineros que habría sometido a escuchas ilegales a un número importante de personas, incluido jueces y fiscales, la Asociación de Magistrados expresa lo siguiente:
Los graves hechos descritos deben ser investigados y esclarecidos. De ser efectivos lesionan la legítima expectativa que toda la ciudadanía tiene en orden a que sus derechos fundamentales -como su privacidad y libertad- no serán afectados sino en los casos y forma establecidas en la Constitución y la ley, límites que no se advierten respetados en estos hechos.
Por la información relacionada y conocida hasta ahora, se advierte que se trataría de hechos que no son aislados que se verifican en el contexto de otros episodios en los que se ha puesto en entredicho tanto la estricta subordinación de la policía uniformada a la ley, cuanto su sometimiento a la autoridad civil, como lo revelan situaciones recientes ocurridas en el marco de la investigación criminal por la denominada «Operación huracán».
Lamentamos, además, que las políticas públicas y las diversas reformas legales de los últimos años denominadas «agendas cortas» han apuntado sistemáticamente en el ámbito penal a otorgar a las policías más autonomía y facultades, en desmedro de aquellas jurisdiccionales que apuntan a controlar su accionar.
No podemos aceptar tales cotas de autonomía institucional que exhibe la policía uniformada respecto de la autoridad civil, pues no resulta compatible con un Estado Democrático de Derecho y se transforman en una amenaza para todos los ciudadanos.
Advertimos el debilitamiento que lo anterior ha significado para los indispensables equilibrios entre la eficacia policial y los derechos individuales de las personas, sin que las medidas cuestionadas se adopten sobre evidencia empírica acerca de su necesidad y eficacia y, peor aún, con escasos niveles de escrutinio y rendición de cuentas.
Sostenemos que estos y otros sucesos relacionados abren un espacio para debatir seriamente las reformas requeridas. Por lo mismo, hacemos un público llamado a las autoridades políticas a emprender esta tarea con la profundidad suficiente, confiados en que los episodios conocidos permitan comprender que una democracia respetuosa de los derechos fundamentales exige contar con instrumentos y mecanismos que aseguren que quienes portan armas y ejercen legítimamente la coacción estatal, han de quedar sometidos siempre a estrictos y severos controles externos.
Entre esos controles, el que ejercen los tribunales de justicia resulta fundamental para la preservación de los derechos esenciales de todos los habitantes de la República en el contexto de una democracia constitucional que ha de sostenerse en la existencia de jueces imparciales e independientes, sometidos a la Constitución, y por lo mismo, ajenos a cualquier pretensión de sometimiento a agendas de seguridad pública, cualquiera sea su sino.
