La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió confirmar la resolución del juez laboral que determinó que la competencia para conocer la demanda contra el Tribunal Constitucional presentada por la ex relatora Pilar Arellano, correspondía a un ministro de fuero y no a un al juez del trabajo, pues apunta a miembros del organismo.
De esta manera, todos los antecedentes del caso –que fueron presentados en enero ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo- serán derivados hasta el juez del tribunal de alzada que conocerá la causa, sobre la base que ello no le causaría agravio a la demandante.
Según explicó el abogado Diego López Fernández -en representación de Arellano-, “estamos muy tranquilos con lo resuelto por la Corte de Apelaciones, pues conocemos la sólida preparación que tienen los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y actualmente la misma Corte Suprema tiene una firme línea de protección de los trabajadores que se desempeñan como funcionarios públicos, en armonía con lo resuelto por los Tribunales Internacionales”.
En la misma línea, aclaró que “nuestra parte nunca solicitó que se decretara el fuero, pues confiamos en la labor desempeñada por todas las judicaturas que imparten la justicia constitucional laboral, partiendo por los jueces laborales y continuando por los Tribunales Superiores de Justicia, que velan por los derechos constitucionales de todos los trabajadores”.
López también agregó que “igualmente, no deja de sorprendernos que haya sido el Tribunal Constitucional -Fisco de Chile- quien haya solicitado que conozca del juicio un Ministro de Fuero, porque el fuero es una institución que protege a la parte más débil, el trabajador, la parte que necesita protección en un juicio laboral o en cualquier otro juicio y en este caso, es claro que el Tribunal Constitucional no es la parte más débil que necesita protección”.
“Llama la atención que ellos hayan requerido que resuelva esta causa un Ministro de Fuero, porque no tiene sentido el que ellos quieran proteger a Pilar Arellano -quien los demanda- y menos, que ellos quieran protegerse de ella, que es la parte más débil”, insistió el abogado.
La demanda
La demanda en cuestión exige una indemnización de $326 millones por sobrecarga laboral, daño moral, discriminación e indemnización por lucro cesante, y según explicó Diego López, se sustenta en que su representada “fue una trabajadora de carrera destacada, que desde el año 2007 siempre cumplió con notable dedicación las labores y deberes que le otorgaban en el Tribunal Constitucional , en su calidad de relatora, pero que -sin embargo- la excesiva carga de trabajo que se iba incrementando periódicamente, sumado a tratos inadecuados el último tiempo, la sometió a un importante estrés laboral que provocó afectación y daño grave en su salud”.
“Incluso, debido al estrés, angustia y tensión, tuvo que acogerse a licencias médicas”, aseguró.
Además, recalcó que “por increíble que parezca, el TC resolvió que era incompatible su cargo de relatora con las exigencias que demandaba el cuidado de su salud y nos parece que los antecedentes a este respecto, son claros y evidentes, y creemos que debiera otorgarse una sentencia judicial que declarara que cuando Pilar Arellano fue desvinculada del Tribunal Constitucional, lo fue en atención a su estado de salud mental generado por la sobrecarga, tratos y el estrés laboral que le había provocado el propio organismo”.
Por último, afirmó que la situación vivida por la abogada demandante “nos parece inquietante y llama a alerta, porque no es la primera vez que el TC ha sido denunciado laboralmente por vulneración de derechos fundamentales en contra de alguna de sus trabajadoras”.
“Es preocupante entonces que una magistratura como el TC, que está concebida por el ordenamiento jurídico para defender la aplicación de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales, precisamente, incurra en estas mismas vulneraciones que dice proteger”, puntualizó López.
