Luego de los alegatos por parte de la defensa y de la Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Iquique rechazó hoy por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por el abogado del ex diputado Hugo Gutiérrez, en contra de la resolución dictada por el juzgado de garantía que decretó la orden de detención del imputado, luego que no se presentara a la audiencia de juicio simplificado.

“Esta resolución confirma los argumentos vertidos por el tribunal de garantía de Iquique y por esta Fiscalía, de manera que la orden de detención permanece plenamente vigente y actualmente está siendo diligenciada por la Policía de Investigaciones”, explicó el fiscal de la causa, Eduardo Ríos.

En su resolución, los ministros Marilyn Fredes, Mónica Olivares y Pedro Güiza estimaron que la orden de detención resuelta por el juzgado se adoptó luego de ponderar los antecedentes aportados por la Fiscalia y dentro de las atribuciones del tribunal, “todo lo cual se aprecia ejercido con fundamento, proporcionalidad, prudencia y oportunidad, de acuerdo a lo que la naturaleza y circunstancias del caso requieren”.

Agregan que la decisión de decretar la orden de detención no es contradictoria con la nulidad de la notificación efectuada al imputado, ya que se adoptó en atención a los antecedentes existentes en la causa, así como en los que son de “público conocimiento, en redes sociales y medios de comunicación diversos”. Por todo ello, concluyen que la resolución que decretó la orden de detención del imputado no es ilegal ni arbitraria, rechazando el recurso de amparo.

En los alegatos ante la Corte, el fiscal Ríos detalló cada una de las acciones realizadas por el tribunal, la Policía de Investigaciones y la propia Fiscalía para contactar, ubicar y notificar al imputado desde octubre del año pasado, sin que ninguna de ella haya logrado que el imputado compareciera a las audiencias fijadas, o se presentara ante la policía o el Ministerio Público; demostrando con ello que el imputado está demorado y dificultando el proceso.

La Fiscalía presentó un requerimiento en procedimiento simplificado en contra del ex diputado por los hechos sucedido 8 de agosto del año pasado, cuando él junto a otras personas fue fiscalizado por parte de personal de la Armada en el sector de Playa Cavancha, en Iquique. De acuerdo al Ministerio Público, se configurarían los delitos de amenazas previsto en el Código de Justicia Militar y de omisión de cooperación pública, por los cuales está solicitando una pena de 540 días de presidio y 540 días de suspensión del empleo y multa de 8 UTM, respectivamente.