La Corte Suprema emitió su informe sobre el proyecto de ley que  «establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile».
El proyecto fue analizado en sesión de pleno extraordinario realizado hoy – miércoles 25 de marzo de 2020- bajo la modaliddad presencial del presidente y algunos ministros de la Corte Suprema y por video conferencia de otros.
La Corte Suprema valora el proyecto de ley como una forma de solucionar los  problemas legales derivados de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, pero realizó algunos comentarios relacionados el proyecto.
«Cabe consignar que el proyecto de ley en análisis constituye una valiosa instancia del Ejecutivo para dar solución a los problemas legales que la pandemia COVID-19, y las restricciones que ha producido en la población, jueces y funcionarios para desplazarse y acceder a los tribunales de justicia, han generado en el funcionamiento del sistema de justicia.
«Estos problemas han sido abordados e intentado ser paliados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y, en general, por los tribunales de la República, siempre dentro de sus potestades y capacidades técnicas; pero, ciertamente, estas limitaciones solo pueden ser superadas por los órganos colegisladores. De ahí, entonces, que no pueda sino valorarse positivamente este esfuerzo legislativo», dice el informe.
El máximo tribunal considera que contiene normas de suspensión de plazos demasiado generales, sobre todo al considerar que desde hace 3 años rige una Ley de Tramitación Electrónica que reduce la presencia de las personas en los tribunales del país.
«Es por eso que extraña la disposición el artículo 6° del proyecto, que pone en suspenso todos los plazos que al día de entrada en vigencia de la ley hubiese empezado a correr, en todos los procedimientos ante todos los tribunales del país, pues podría implicar, en los hechos, la detención de todas las causas del país, salvo las penales, situación particular que se trata en el artículo 7°», dice el informe.
«Esta solución radical contrasta con la posibilidad que tienen los jueces y funcionarios del Poder Judicial y los litigantes de seguir operando desde sus hogares y oficinas, sin riesgo para su salud por exponerse a desplazamiento, presentando demandas, escritos y resolviéndolas, e incluso dictando sentencias, dando de esa manera continuidad al servicio judicial y a la tutela efectiva a los derechos, aun con todas las limitaciones que un escenario como el actual se impone a la consecución de tales fines», agrega.
«Por último, no puede dejarse de mencionar la dificultad que ofrece una propuesta de regulación de este tipo, pues se encuentra dominada por supuestos materiales dinámicos, toda vez que, a la fecha, desconocemos el tiempo que durarán las restricciones al desplazamiento de las personas y el grado de afectación a la salud de las personas. Estas incógnitas no permiten dimensionar los alcances temporales y extensión de actuaciones que podrían ser trastornados por la pandemia», se señala.
Agrega que:  «Es por estas mismas razones que no puede sino recogerse favorablemente el artículo 10 del proyecto que, concordantemente con las actas 41 y 42 de 2020 de este máximo tribunal, apuestan por introducir legalmente formas de comunicación remota que, sin sacrificar las garantías fundamentales, benefician a las personas y a la administración de justicia»
Respecto de la facultad que se otorgar a la Corte para suspender audiencia se considera que:  «la lectura del artículo, se advierte que son dos las condiciones para que se ejerza esta potestad: a) La primera, es que ella se desenvuelva dentro del período de vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe o de calamidad pública; b) la segunda, es que se ejerza dicha facultad cuando sea un hecho público y notorio que, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional referido, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19, las audiencias no podrán realizarse, o que de realizarse causarán indefensión por faltar las condiciones básicas que aseguren las garantías judiciales del proceso, contempladas en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes»
«(…) Esta potestad se entrega con elementos que permiten flexibilizar su aplicación, lo que la torna en una valiosa herramienta de administración de audiencias bajo escenarios de incertidumbre variable.
«La atribución en comento, sin embargo, no permitiría suspender un catálogo preciso de audiencias vinculadas al ámbito penal, y, en general, a aquellas «audiencias que requieran la intervención urgente del tribunal». Estas exclusiones, entonces, constituyen mandatos al juez respectivo cuyo obedecimiento es obligatorio y que apelan a la discrecionalidad judicial –así, determinar la urgencia de la intervención será resorte del juez de la causa conforme a los criterios que estime-.
«El ejercicio de esta facultad conllevará a los tribunales a reagendar las audiencias o vistas suspendidas, en forma posterior al cese de la suspensión ordenada por la Corte Suprema, lo que se estima positivo. También se considera favorable la aplicación de formas remotas de realización de audiencias y vistas de causas que no puedan suspenderse.
«Por último, se advierte la ausencia de regulación para las causas que se tramitan ante tribunales unipersonales de excepción, en circunstancias que el proyecto bien podría pronunciarse sobre la suspensión de las audiencias que ante ellos deban realizarse», dice el informe.
En cuanto a una nueva regla de entorpecimiento la Corte Suprema considera que:
«La amplitud de este mecanismo sugiere cubrir prácticamente todas las hipótesis en que un hecho material haya podido obstaculizar el ejercicio de derechos y acciones, lo que puede estimarse positivo.
«Para que este mecanismo opere requiere, además, ser invocado por la parte afectada «dentro del término de los diez días siguientes a la publicación de esta ley», decisión que es valorada en cuanto pone coto temporal a este tipo de solicitudes, aunque cabe advertir que implicará, en los hechos, que se concentrarán estas solicitudes en un tiempo limitado. Esta concentración de solicitudes, que parece insoslayable, es correctamente administrada al autorizar al juez resolver de plano, dando celeridad a la resolución de las mismas, sin perjuicio de proceder oyendo a la contraria y recibiendo prueba», puntualiza la Corte Suprema.
Respecto de la interrupción de la prescripción la Corte Suprema tienen en cuenta: «Esta decisión, de condicionar la interrupción de la prescripción a la providencia que da lugar al juicio y su notificación, es sumamente acertada y equilibra exitosamente los intereses de las partes y la eficiencia del sistema de justicia.
«Sin embargo, cuesta encontrar racionalidad a la decisión de entregar un plazo más largo para notificar demandas proveídas antes del cese de estado de excepción (50 días hábiles) que para notificar demandas proveídas después de ese hecho (30 días hábiles), pues trata de manera distinta -20 días hábiles de diferencia- situaciones idénticas. Por otra parte, la prórroga de acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local por 50 días hábiles desde la fecha de cese del estado de excepción, parece atinada, pues atiende la especial naturaleza de tales acciones y forma de acudir a esas judicaturas que merecen un tratamiento diferenciado favorable para el trabajador y acreedor. Sin embargo, la redacción da a entender que la prórroga sólo surtirá efecto si el plazo de prescripción o caducidad se cumple durante el estado de excepción constitucional, o su prórroga, pues de lo contrario se podrían generar dificultades interpretativas que podrían llevar a considerar que los plazos sujetos esta regla se vencerán en cualquier caso una vez cumplidos los 50 días hábiles indicados», señala el informe.