Fiscales de Mesa de Violencia Rural plantean observaciones a cambios en regulación de prisiones preventivas

7 noviembre, 2017
Tras reunirse hoy con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, la Mesa de la Macrozona del Ministerio Público para casos de violencia rural, que reúne a las fiscalías regionales del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, planteó la necesidad de que el órgano persecutor sea escuchado en el marco del anuncio del Gobierno en orden a elaborar un proyecto para modificar la regulación de la prisión preventiva, contemplada en el Código Procesal Penal.
La postura del Ministerio Público fue expuesta en calidad de vocero de la mesa por el Fiscal Regional del Biobío, Julio Contardo, luego de que la instancia técnica se reuniera hoy en Concepción.
«Esperamos que el Ministerio Público sea oído, respecto de la necesidad o no de modificar la norma. Los cambios legales deben asentarse en la realidad y quien conoce la realidad hoy día son los articuladores del sistema, principalmente el Ministerio Público, en materia de prisión preventiva», dijo Julio Contardo.
«Las prisiones preventivas se resuelven por parte de los jueces, con la participación de las defensas y del Ministerio Público. Tengan por cierto que, por ejemplo, la extensión de las prisiones preventivas muchas veces se ve reflejada en casos en que la propia Defensoría ha extendido las causas», explicó el fiscal regional del Biobío.
El vocero de la Mesa añadió que en el caso Luchsinger «hace más de un año y medio que el Ministerio Público presentó la acusación. El tiempo que siguió tengan por cierto que son maniobras prácticamente dilatorias por parte de las defensas en torno a verificar el juicio oral».
Ley Antiterrorista
Consultado sobre la invocación de la ley antiterrorista por parte de la Fiscalía, Julio Contardo manifestó que «el Ministerio Público en todos los casos en los que ha planteado conductas terroristas lo ha mantenido así, lo ha sostenido así y va a seguir teniendo esa conducta».
En esta materia también expresó que «tenemos hoy día modificaciones legales en que se le entregan al Ministerio Público herramientas de investigación muy útiles, como la Ley de Agenda Corta, para delitos contra la propiedad, abigeato o receptación. Estas técnicas de investigación no las tiene la ley antiterrorista y eso, por cierto, que es una paradoja».
Durante la jornada de trabajo de la Mesa de la macrozona de la Fiscalía para casos de violencia rural también participaron los prefectos regionales de la PDI que asumieron recientemente en Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
Síguenos en Twitter