La Fiscalía Regional del Biobío resolvió la formalización de seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, y de un operario de una empresa externa que prestaba servicios a la estatal.
En la resolución del ente persecutor, se incluyen imputados en las causas abiertas por los episodios de contaminación del 4 de agosto en Talcahuano y el 21 de agosto en Quintero- Puchuncaví, por cuanto la fiscal del Biobío, Marcela Cartagena, agrupó ambas investigaciones, al estimar que los antecedentes que resultan de sus diligencias establecen que el “elemento que dio origen a los episodios de contaminación ingresó al país en Talcahuano y luego una parte de éste se envió a Quintero y Puchuncaví”.
El abogado Remberto Valdés, querellante en la causa en representación de más de 1.000 vecinos y vecinas de Quintero y Puchuncaví, que el 29 de julio había pedido la formalización que se concedió hoy, manifestó su satisfacción por la resolución y adelantó que no descarta subir en la línea ejecutiva de ENAP, pidiendo al Ministerio Público que lo haga con ejecutivos del primer nivel jerárquico de la petrolera del Estado de Chile.
En este sentido, Valdés interpeló al directorio de ENAP para que “baje desde las alturas al llano” y reconozca la responsabilidad de la empresa del Estado, allanándose a indemnizar a las personas que fueron víctimas de la nube tóxica de agosto de 2018. Sostuvo que con esta decisión del Ministerio Público “hay un fundamento jurídico irredargüible” que debiera obligarles a reparar el daño causado a sus representados quienes, aseguró, “no pueden seguir esperando”. Si tienen a la vista el bien común, es lo que deberían hacer, finalizó.
Los formalizados, entre los cuales Edmundo Piraíno Suez y Álvaro Hillerns Velasco, máximos ejecutivos de ENAP en Quintero y Talcahuano; además de Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo de Quintero, deberán comparecer ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano, donde queda radicada la causa.
El imputado que se desempeñaba en una empresa prestadora de servicios de ENAP es Joseph Darlington Flores, capitán de marina mercante.
La Fiscalía formalizará la investigación por los delitos contemplados en el artículo 291 del Código Penal, que establece que los que propagaren indebidamente organismos, productos, elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos,
radiactivos, o de cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población, serán penados con presidio menor en su grado máximo.
Las imputaciones específicas a cada una de las personas mencionadas se detallarán en la respectiva audiencia.
La Fiscalía Regional del Bío Bío tomó la determinación de agrupar ambas investigaciones (Bahía de Talcahuano y Quintero- Puchuncaví) y radicarla en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, teniendo en consideración que los antecedentes
recabados en la indagatoria dan cuenta que el elemento que dio origen a los episodios de contaminación ingresó al país en Talcahuano, y luego una parte del producto se envió a Quintero.
La decisión de solicitar la audiencia de formalización contra los imputados fue tomada por la Fiscalía Regional del Bío Bío en virtud de todos los antecedentes reunidos y el estado de avance de la investigación, y no como consecuencia de la
petición que pudieran haber realizado otros actores intervinientes en la causa.
Los resultados de las diligencias realizadas por la Fiscalía Regional del Bío Bío y el personal especializado de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones de
Chile (PDI), están contenidos en 20 tomos, y cada uno de ellos tiene en promedio 350 páginas.
Hasta el momento, se han tomado 140 declaraciones a personas, tanto en calidad de testigos como de imputados. Se ejecutaron dos órdenes de entrada, registro e incautación en dependencias con interés criminalístico, debidamente autorizadas por los tribunales. Además, se ha despachado una treintena de órdenes de investigar, peritajes e instrucciones particulares a la policía, como también requerimientos de información a entidades específicas. Existe también abundante evidencia que está siendo estudiada por los peritos de la PDI.
