El Primer Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva del subcomisario de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Oriente de la PDI Nelson Eduardo Braña Flores y de los inspectores de la unidad Carlos Alberto Salamanca Parra y Gonzalo Guillermo Contreras Balboa, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de malversación de caudales, falsificación de documento público y obstrucción a la investigación. Ilícitos perpetrados en julio pasado, en la comuna de Pudahuel.
En la audiencia de formalización de la investigación el magistrado Héctor Benavides Silva ordenó el ingreso de Braña Flores, Salamanca Parra y Contreras Balboa al cuartel policial de calle Borgoño, comuna de Independencia, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, aproximadamente a las 8.20 horas del 10 de julio de 2020, Carlos Daniel Rodríguez Moyano concurrió hasta una sucursal del banco BICE, ubicada en la avenida Apoquindo, comuna de Las Condes, lugar desde donde sustrajo $20.000.000 (veinte millones de pesos), dinero que escondió en su domicilio en la comuna de Pudahuel.
Horas más tarde, a las 20.55 horas, efectivos de la BIRO Metropolitana Oriente de la PDI, entre ellos los imputados, en cumplimiento de una orden judicial de entrada y registro, irrumpieron en dicho inmueble, procediendo a detener a Rodríguez Moyano y a realizar un registro en busca del dinero sustraído, el cual encontraron en el segundo piso de la casa, al interior de un par de zapatillas y un par de botas. Monto que, junto a otras especies incautadas y al detenido, trasladaron hasta el cuartel de la Biro Oriente, ubicada en la comuna de Las Condes.
Una vez en la unidad policial, los imputados procedieron a sustraer la mitad del dinero que tenían bajo su custodia, apropiándose de $10.000.000 (diez millones de pesos), los cuales se repartieron en partes iguales. Luego, confeccionaron y suscribieron un parte policial con datos falsos sobre el procedimiento, consignando que la cantidad incautada correspondía a 10 millones, información falsa que fue incorporada al informe policial y a las actas de investigación.
