El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó este viernes  sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a los ex generales directores de Carabineros Gustavo Adolfo González Jure y Bruno Arnoldo Villalobos Krumm, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados y reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Ilícitos que se habrían cometido a partir de 2007.

En la resolución, el magistrado Darwin Bratti Jorquera ordenó el ingreso de González Jure y Villalobos Krumm a la unidad de detención preventiva de calle Sucre, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 180 días el plazo de investigación.

Al resolver las cautelares, el magistrado Bratti Jorquera, consideró que las conductas imputadas a González Jure y Villalobos Krumm son de la máxima gravedad y atentan contra la fe pública, al haber sustraído o permitido que otros funcionarios públicos sustrajeran anualmente, bajo el periodo en que ejercieron la dirección general de Carabineros, respectivamente, fondos públicos destinados a las unidades de inteligencia y de investigación criminal y drogas, apropiándoles de dichos caudales o destinándolos a fines no permitidos por la ley. Falseando, además, la rendición de cuentas que debían rendir ante la Contraloría General de la República sobre el uso de dichos gastos reservados.

En la audiencia, que se inició el martes 5 de octubre recién pasado, también se formalizó investigación en contra de Iván Carlos Whipple Mejías, Flavio José Echeverría Cortez, Mónica Javiera Blanco Suárez y Héctor Hugo Zúñiga Pailamilla, a quienes el ente persecutor imputó autoría en delitos de malversación de caudales públicos.

En la primera jornada, el tribunal, tras rechazar la solicitud de la defensa de la exsubsecretaria de Carabineros Blanco Suárez, en orden a decretar la prescripcion de la acción penal y, consecuencialmente, el sobreseimiento definitivo de su representada en la causa, la dejó sujeta a la obligación de firma mensual y la prohibición de salir del país. En el caso del ex jefe del Departamento de Administración Presupuestaria de la policía uniformada Héctor Zúñiga Pailamilla, se ordenó la firma semanal y el arraigo nacional.

Asimismo, el tribunal acogió la solicitud de la defensa y reprogramó la audiencia de formalización de la investigación en contra del ex general director de Carabineros Eduardo Gregorio Gordon Valcárcel, la cual quedó fijada para las 9 horas del 22 de diciembre próximo.

El miércoles 6, el tribunal resolvió las cautelares de los generales y ex directores de finanzas de Carabineros, dejando a Whipple Mejías sujeto a arraigo nacional y arresto domiciliario parcial nocturno, entre las 22 horas y las 10 del día siguiente; y a Flavio Echeverría Cortez, con arraigo nacional y arresto domiciliario total anticipado (debido a que el exoficial cumple cautelares similares en la causa conocida como “Fraude en Carabineros”).

Según el ente persecutor, entre 2007 y 2017, a través de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y conforme lo determinado en las respectivas leyes de presupuesto para el sector público aprobadas por el Congreso Nacional, la institución Carabineros de Chile recibió, bajo el ítem gastos reservados, las sumas totales de $5.724.841.000 y US$ 990.000.

En dicho periodo, en dependencias del Edificio Norambuena, ubicado en calle Amunátegui N° 519, de la comuna de Santiago, los imputados, funcionarios públicos al tiempo de comisión de los ilícitos, ya sea en calidad de generales directores, directores de finanzas, subsecretaria y jefe del Departamento de Administración Presupuestaria (DAP) de la Dirección de Presupuesto (Dipres), previamente concertados, sustrajeron y permitieron que terceros se apropiaran de diversos montos de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, provenientes de recursos públicos para gastos reservados.

Durante su intervención en la audiencia, el CDE señaló que las medidas establecidas son “necesarias, proporcionales, adecuadas a la entidad de los delitos por los cuales han sido formalizados los imputados, al perjuicio causado y a la afectación a múltiples bienes jurídicos”.

Con relación al lugar donde se cumplirá la prisión preventiva, el tribunal dispuso la Unidad de Sucre a la espera que se responda oficio remitidos a la Escuela de Carabineros, que deberá señalar si cuenta con unidad de cumplimiento de medidas cautelares personales.

Finalmente, previo debate, el tribunal decretó 180 días de plazo de investigación.