El Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $70.000.000 (setenta millones de pesos) a joven funcionaria del Servicio de Registro Civil, quien fue detenida y sometida a torturas en septiembre de 1973 en el Estadio Nacional.
En la sentencia (causa rol 6.000-2019) la magistrada Nancy Torrealba Pérez estableció la responsabilidad del fisco en los padecimiento a que fue sometida la demandante por agentes del Estado.
«Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión de la actora, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada», plantea el fallo.
La resolución agrega: «Que, como ya se adelantó, en el motivo décimo precedente, es un hecho de la causa que la demandante fue detenida y trasladada a diversos lugares, entre ellos el Estadio Nacional, en donde fue torturada constantemente durante el mes que permaneció privada de libertad, siendo calificada como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, ello de acuerdo a la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal».
«Que, como se adelantó, también se encuentra acreditado en autos, que durante el período de detención, fue objeto de torturas, tanto físicas (golpes de pies y puños, culatazos, aplicación de corriente, entre otras), como psicológicas (amenazas en decisión de mantenerla con vida), sufriendo diversos vejámenes por parte de agentes del Estado, incluso violencia de carácter sexual, como se acredita, con la prueba testimonial rendida por la parte demandante y la documental aparejada», añade.
«Que –prosigue–, luego, tal como se detalló en el motivo décimo, lo que se ve corroborado con la testimonial rendida en autos que se refiere a los daños psicológicos sufridos por la actora, y en el informe emitido por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) es evidente que aquella, producto de dicha detención y privación de libertad, ha sufrido daño psicológico, el que se refleja en angustia, trastornos ansiosos, estados depresivos y otros».
Para el tribunal: «(…) estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de doña Ana Luisa Aguayo Fernández».
Por tanto, se resuelve que: «Se acoge parcialmente la demanda de lo principal de folio 1 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de setenta millones de pesos ($70.000.000) para la demandante Ana Luisa Aguayo Fernández, con más los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo octavo precedente».
