El Juzgado de Garantía de Temuco dejó hoy –jueves 25 de agosto– sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Héctor Javier Llaitul Carrillanca, imputado por el Ministerio Público como autor de delitos consumados contemplado en la ley seguridad del Estado, usurpación violenta de predios, hurto madera y atentado a la autoridad. Ilícitos que habría perpetrado a partir de noviembre de 2020.
En la audiencia de formalización (causa rol 1.423-2020), la magistrada Leticia Rivera Reyes ordenó el ingreso de Llaitul Carrillanca al Centro de Cumplimiento Penitenciario Bío Bío de Concepción, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de fuga. Además, fijó en 30 días el plazo de investigación.
Al decretar la privación de libertad del imputado, la jueza Rivera Reyes sostuvo que: “El tribunal no puede desconocer en esta etapa procesal, que el imputado debe comparecer compulsivamente, el número de delitos que se le imputan, el carácter de los mismos; que los hechos tres y cuatro fueron cometidos en grupo o pandilla y la pena probable que arriesga, toda vez que, aun en el más acabado análisis de la determinación de penas favorables, incluso desatendiendo aquellos que tienen pena alternativa de multa, no es posible arribar a una pena menor que la de presidio mayor en su grado mínimo, lo que le impediría el cumplimiento en libertad. Lo anterior sin considerar el mal causado, el que aun cuando no fuere parte del dolo de la gente, en teoría, lo cierto es que la alegación efectuada por el representante de la víctima, sumada a las consecuencias de conocimiento público que estos hechos ocasionan en la comunidad, es posible desprender que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y un peligro de fuga”.
“Por esta consideración se resuelve primero: que este tribunal se declara competente para conocer de los hechos que motivan la presente causa. Segundo: que se decreta la prisión preventiva del imputado debiendo ingresar a cumplir al Centro Cumplimiento Penitenciario del Bío Bío, Octava Región, lugar que previa coordinación dispuso Gendarmería de Chile en el ámbito de sus facultades”, añadió.
Según el ente persecutor, a partir de una querella por ley de seguridad del Estado, presentada por el gobierno de la época, por declaraciones formuladas por el imputado durante 2020, en calidad de líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se inició una investigación por una serie de ataques incendiarios y acciones violentas en la Región de La Araucanía, que se extendieron a otras zonas de la denominada macrozona sur, ejecutados por los Órganos de Resistencia Territorial (ORT). Entre ellas, la usurpación violenta de predios forestales, como la que afectó, en febrero del año pasado al fundo San Esteban, ubicado en la comuna de Victoria, lugar donde, además, se registró un enfrentamiento con armas de fuego con personal de Carabineros.
En tanto, en marzo de 2021, miembros de la CAM, coordinados por el imputado ingresaron al fundo Renaco Pastales, de la empresa forestal Bosques Cautín de la comuna de Cholchol, predio donde habrían procedido a hurtar madera, provocando un perjuicio avaluado en $87.500.000 (ochenta y siete millones quinientos mil pesos) y además resultaron heridos dos carabineros por proyectiles balísticos.
