El Juzgado de Garantía de Temuco decretó hoy –martes 7 de agosto– las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional para Cristián Andrés Pérez Mancilla y Manuel Jesús Cavieres González, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, respectivamente. Ilícitos que habrían perpetrado en el marco de la denominada “Operación Huracán”.
En la audiencia de formalización de la investigación (causa rol 410-2018), la magistrada Marcia Castillo Monjes acogió la solicitud del Ministerio Público, con la adhesión de los querellantes, y ordenó la firma quincenal del capitán de Carabineros Cristián Pérez en la Bicrim de Las Condes, y la firma quincenal del sargento de Carabineros Manuel Cavieres en el cuartel general de la PDI de Santiago Centro. Además, fijó en 10 meses el plazo de investigación.
En la audiencia, el tribunal no acogió la solicitud del Ministerio Público y los querellantes de decretar orden de detención del mayor y exjefe de operaciones de la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de La Araucanía, (UIOE), de Carabineros, Patricio Marín Lazo, al justificar su inasistencia con una licencia médica por 12 días, pero ordenó que el ente persecutor oficie al Servicio Médico Legal, para que se realice una evaluación física y mental al oficial dado de baja. Informe que deberá ser remitido al tribunal.
“(…) en atención a las dolencias del imputado Marín Lazo, y considerando que no está hospitalizado, ni está en peligro su vida, si hay alguna imposibilidad del Sr. Marín Lazo, ya sea para trasladarse a este Tribunal o para que la audiencia en cuestión sea realizada en un lugar asistencial, o en el domicilio del imputado, ordeno a la Fiscalía que solicite al Servicio Médico Legal que cite al Sr. Marín a una evaluación a la brevedad, y también si ellos estiman que el lugar más apropiado es un centro asistencial, también se fijará la audiencia -de formalización- en un centro asistencial”.
Asimismo, la magistrada Castillo Monjes rechazó la solicitud de la defensa de Marín, en orden a excluir al Ministerio del Interior y al INDH de la causa por falta de legitimación activa, decretando que en la próxima audiencia se resolverá dicha solicitud, pero acogió la solicitud de la defensa de acceder a copia forense íntegra de los aparatos telefónicos (clones) pertenecientes al fiscal Luis Arroyo y a la abogada Mónica Palma –solicitada el pasado 14 y 19 de julio- con el fin de ser periciados de manera independiente, pero en consideración que “hay que salvaguardar el derecho a la intimidad de algunas personas, que tienen la calidad de víctimas en la investigación. Se trata de materia privada y restrictiva, por lo que las defensas deben informar al tribunal el nombre del perito”, dispuso la jueza.
