Las senadoras Ximena Rincón y Adriana Muñoz, junto a la Fundación Crecer Con Justicia, llegaron esta mañana a la Fiscalía Nacional a interponer una denuncia por presuntos delitos de maltrato corporal en contra de niño, niña y/o adolescentes menores de dieciocho años; trato degradante menoscabando gravemente su dignidad realizado por personas que tienen el deber especial de cuidado o protección; acoso sexual dentro de las instituciones del SENAME y sus Organismos Colaboradores Privados; y falta penalconsistente en no realizar la denuncia de los hechos que constituyen delito dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal, y en contra de todas las personas que resulten responsables.
Las denunciantes solicitaron la designación de un fiscal exclusivo y especial atención a la colaboración con la investigación que deberán prestar las autoridades y funcionarios que ejercieron sus cargos en la época en que habrían acontecidos los hechos, “más aún si al respecto se abrieron investigaciones sumaria y sumarios, no podían menos que conocerlos por formar parte de su documentación interna y propios registros”, advirtió la Senadora Rincón.
Las senadoras indicaron que según datos obtenidos por el medio de comunicación «El Líbero», a través de la Ley de Transparencia, entre enero de 2017 y abril de 2018, se iniciaron 619 investigaciones. De ellas, 188 son por posibles maltratos o agresiones, y 72 por denuncias de acoso sexual. El mismo medio de comunicación en Reportaje publicado el 1º de junio del 2018 da cuenta de tales hechos.
De acuerdo con dicha publicación, “la cifra que entrega el organismo incluye sumarios e investigaciones sumarias las que están contabilizados en el Sistema de Seguimiento de Sumarios del SENAME. Según explica la institución, esta base de datos constituye “el único instrumento de carácter oficial que registra información respecto a los procesos disciplinarios institucionales”.
Del total de sumarios, el 30,4% corresponden a indagaciones por posibles maltratos o agresiones. Las causas que le siguen son por eventuales abandonos de deberes (14,7%) y presuntos abusos sexuales (11,6%). En total, estos tres motivos suman 351 investigaciones: casi 6 de cada 10 sumarios son por este tipo de infracciones.
Respecto a posibles conductas de connotación sexual, la institución inició 15 indagaciones entre enero de 2017 y abril de este año.
Sobre el avance de estos 619 sumarios, el 70,8% aún se encuentran en proceso de investigación; 11,8% tuvo como resultado el sobreseimiento; y en el 1,8% de los casos, los implicados fueron absueltos”.
La Senadora Rincón advirtió que “el hecho de que estas posibles conductas criminales hayan estado en conocimiento de las autoridades competentes durante meses y años, y su decisión haya sido y siga siendo única y exclusivamente la de abrir y tramitar los sumarios a las posibles personas autoras, cómplices y encubridoras, en vez de denunciarlos dentro de 24 horas desde que se tomó conocimiento de ellos, constituye una conducta contraria a la legislación vigente”.
La Senadora Muñoz indicó que respaldaba la acción de la Senadora Rincón en relación a una serie de anomalías que han sucedido en el Sename y que sin embargo, han sido sobreseídas en su gran mayoría. Muñoz dijo que “No vamos a descansar hasta que hagamos justicia en el Sename y hasta se tome en serio las investigaciones, los sumarios y la última auditoría social que se hizo que demuestra la precariedad absoluta bajo la que se encuentran los niños y niñas y adolescentes”.
Por su parte la representante de la Fundación Crecer con Justicia, María Isabel Vásquez, indicó que «La Fundación recuerda que esta conducta es la que la Corte Interamericana de DDHH ya reprochó a Chile exigiendo se cautelara urgentemente a los niños ¿Y esta es la respuesta? Nos preocupa que aún las autoridades, funcionarios y privados no comprendan que es el mismo Estado que separa niños de sus familias para «protegerlos» el que los está dañando. Esta normalización y aceptación de la violencia institucional no sólo es éticamente reprochable, es un delito y un ilícito internacional. Por eso no podemos menos que denunciarlo».
