Doctor en Educación advierte que resolución del TC pone en “jaque” a la Ley de Inclusión Escolar

1 julio, 2021

–        El director del Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes, Mario Garay, explicó que fallo del Tribunal Constitucional validaría nuevamente la selección de estudiantes al permitir que los alumnos de playgroup pasen directamente al prekínder en un colegio de Concepción.

El Tribunal Constitucional (TC) acogió un requerimiento presentado por un colegio particular subvencionado de Concepción, que acusaba al Sistema de Admisión Escolar (SAE) de vulnerar las libertades de enseñanza y elección y que buscaba que los niños que hubiesen cursado el “playgroup” del establecimiento pasen directamente al prekinder sin pasar por mecanismo creado por Ley.

El doctor en Educación Mario Garay, académico de la Universidad de Magallanes, explicó que “en la práctica el TC estaría validando que los alumnos de playgroup pueden saltarse el SAE y con ello la Ley de Inclusión Escolar. Por consiguiente, validaría nuevamente la selección de estudiantes”.

Garay, quien es director del Departamento de Educación y Humanidades de la casa de estudios magallánica, subrayó que “el fallo del TC va a contrapelo de lo avanzado y vuelve abrir un debate inconcluso. ¿Cómo regenerar el tejido dañado de la educación pública y responder a las expectativas de las familias chilenas? ¿Cómo conformar una oferta de calidad, asegurando que hay colegios deseables a todos los estudiantes?”.

Fin a la selección

A partir del 2016, se implementaron una serie de modificaciones a la forma en cómo se postula y accede a establecimientos financiados por el Estado. Se trata de la Ley 20.845 (conocida como Ley de Inclusión Escolar), que tiene como objetivo, disminuir la segregación social en la matrícula escolar. Para esto, se diseñó un nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE), que funciona como un modelo de asignación. El académico explicó que a través de una plataforma web los apoderados colocan sus preferencias jerarquizadas y luego estas serán compatibilizadas con las vacantes de los establecimientos para poder asignar de la forma más eficiente posible la matrícula. “Lo más polémico de este sistema, ocurre cuando hay más demanda que cupos en una escuela, pues ahí se aplica aleatoriedad para otorgar idéntica opción de quedar o no”, detalló.

Si bien las primeras evaluaciones son positivas, indican que más o menos la mitad de los postulantes queda en su primera preferencia y un 75%, queda en una de las tres primeras; no hay que desconocer que la implementación del SAE ha generado muchas dudas y tensiones. Según el profesor de la UMAG, “por un lado, los apoderados sienten ansiedad porque ingresar en un establecimiento determinado ya ‘no depende de ellos. Profesores y directivos, por su parte, ahora perciben que arriban estudiantes sin haberles escogido y por ello, con bajo compromiso. Ambos fenómenos, son parte de un problema previo al SAE. La oferta pública que se considera de calidad es reducida y segregada; por tanto, tiene una alta concentración de demanda en pocos establecimientos”.

El académico resaltó que “el SAE ha generado un entorno útil, justo y eficiente para poder dar un primer paso. Es un mecanismo, además, que está sintonizado con la evidencia y la experiencia internacional, que recomienda eliminar prácticas discriminatorias e incentivar medidas que reduzcan la segregación social asociada a la elección de escuela”.

Asimismo, reconoció que “el SAE por sí solo es insuficiente y para fortalecer la totalidad de la oferta pública, se requiere poner en marcha una multiplicidad de políticas públicas que involucren más inversión, incrementar infraestructura, autonomía para directivos y sostenedores, mejorar la formación inicial docente y la calidad del empleo para profesores, entre muchas otras. Tareas pendientes para avanzar hacia una educación de calidad”.

Garay acotó que “esperamos que, con el proceso constituyente abierto, se generen los espacios para rediscutir el rol que tiene un sistema educacional, con prioridad en lo público y que garantice, realmente, un sistema más inclusivo y con igualdad de oportunidades en cuanto a calidad para todos los chilenos y chilenas”.

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