Los senadores Sergio Gahona (RN), José Miguel Insulza (PS) y Francisco Chahuán (RN) presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley N° 21.368, conocida como Ley PUSU, que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, con el objetivo de reducir las restricciones de la ley original, ampliando las opciones de materiales permitidos para el consumo de alimentos en establecimientos de expendio. En particular, el proyecto modificaría el artículo 3 de la Ley, que hasta ahora establece que los productos deben ser reutilizables, prohibiendo la entrega de cualquier producto de un solo uso en los establecimientos de expendio de alimentos. Así, se introduce la posibilidad de utilizar materiales compostables y reciclables, lo que abre una opción más flexible para los empresarios del sector gastronómico.
Esta modificación ha generado reacciones encontradas. Por un lado, la propuesta ha sido bien recibida por parte del sector gastronómico, mientras que ha levantado fuertes críticas por parte de diversas organizaciones medioambientalistas.
El abogado Guillermo García Moscoso, socio fundador de GDS Abogados, señala que la modificación propuesta es “un ajuste necesario” para que la implementación de la Ley PUSU sea realmente efectiva: “La posibilidad de utilizar productos biodegradables y compostables cumple con la finalidad de la ley: reducir el impacto ambiental de los desechos de un solo uso, permitiendo materiales que, al igual que los reutilizables, son sostenibles y pueden ser gestionados adecuadamente al final de su vida útil”, señala.
“Este ajuste no aparta a la ley PUSU de sus objetivos ambientales. Permitir productos biodegradables, reciclables y compostables facilita la implementación de la ley manteniendo su espíritu original. De esta manera, se asegura una transición gradual y práctica hacia un modelo más sostenible, sin generar obstáculos innecesarios para los sectores involucrados”, concluye.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional y aún está pendiente de ser debatido en las próximas etapas legislativas. Los plazos para la implementación de la Ley PUSU están establecidos para entrar en vigor en febrero de 2026, por lo que los próximos meses serán clave para definir el rumbo definitivo de la normativa y su impacto en el sector.
