Como parte de su agenda fiscalizadora, la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por su jefe Miguel Mellado y la subjefa Carla Morales, ofició a la Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos (SII), solicitando una fiscalización profunda al actuar de la Fundación ProCultura. En esta oportunidad el blanco de la solicitud se centra en la utilización indebida de fundaciones como vehículos de inversión que permiten a sus fundadores o asociados beneficiarse personalmente de las rentas generadas, evitando el pago de impuestos.
La solicitud se basa en antecedentes públicos que apuntan a que la fundación ProCultura —beneficiaria de $480 millones de pesos entregados por CORFO en el marco de la administración del circuito turístico “Lota Sorprendente”— habría creado una sociedad privada (Agencia de Turismo Patrimonial SPA), cuyo único socio es funcionario de la fundación, para administrar recursos públicos y generar ingresos de libre disposición. Esto constituirá una infracción legal que, desde diversos puntos de vista, debería ser revisada tanto por la Contraloría como por el SII a juicio de los parlamentarios RN.
En el oficio dirigido a la Contraloría, los parlamentarios RN advierten que este modelo operaría como un “vehículo de inversión encubierto”, infringiendo el contrato de concesión suscrito con CORFO, el cual prohíbe expresamente la cesión o transferencia de los derechos adjudicados. Además, se solicita instruir medidas disciplinarias y remitir los antecedentes al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado, si correspondiera.
En paralelo, el oficio enviado al SII pone el foco en un aspecto particularmente sensible: la utilización de licitaciones públicas o asignaciones directas como mecanismo para generar ingresos sin fines tributarios claros ni conexión con los fines propios de una entidad sin fines de lucro. En concreto, se plantea que la sociedad creada por la fundación habría operado como un mecanismo de triangulación de recursos para eludir el pago de impuestos, en contravención a la normativa vigente y en línea con esquemas de elusión ya advertidos por el propio SII en casos similares.
Por ello, se solicita una auditoría tributaria exhaustiva, que permita determinar si los fondos adjudicados a través de licitación o trato directo fueron desviados a fines ajenos a los estatutos de la fundación, y si dicha estructura operativa permitió beneficiar directa o indirectamente a personas relacionadas, vulnerando las normas fiscales y los principios de probidad administrativa.
“El Estado no puede seguir entregando recursos millonarios a fundaciones que, lejos de cumplir un rol social transparente, crean empresas paralelas para canalizar esos fondos a circuitos opacos, sin fiscalización real y con evidente intención de eludir impuestos. Aquí no estamos ante una simple falta administrativa, sino frente a un posible fraude estructurado que debe ser investigado a fondo. No se puede permitir que bajo la excusa de lo ‘cultural’ se escondan verdaderos negocios personales”, afirmó el diputado Miguel Mellado, jefe de bancada RN.
En tanto, la subjefa de bancada Carla Morales sostuvo: “Hoy estamos frente a un caso que grafica cómo se puede desnaturalizar completamente el sentido de una fundación sin fines de lucro, convirtiéndola en una plataforma para obtener licitaciones del Estado y luego derivar esos fondos hacia sociedades privadas manejadas por personas de la misma red. Es imprescindible que el SII actúe con rigor y revise si aquí hubo beneficios tributarios indebidos o mecanismos diseñados para evadir la responsabilidad fiscal. La ciudadanía exige transparencia y nosotros vamos a seguir fiscalizando sin descanso”.
