Listo para cumplir su tercer trámite quedó el proyecto que incorpora la Fiscalía Supraterritorial a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y modifica otros cuerpos legales que regulan actuaciones de los fiscales y de las fiscalías regionales.
Ello, luego que la Sala del Senado respaldara en particular la iniciativa que da operatividad a esta nueva repartición que busca una mejor persecución del crimen organizado y de alta connotación y que además crea el sistema de análisis criminal para el crimen organizado, entre otras materias.
La presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez, explicó los principales cambios que le hizo dicha instancia al proyecto, mientras que la presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Ximena Rincón, detalló los aspectos financieros de la iniciativa.
Durante el debate intervinieron los senadores Enrique Van Rysselberghe, Pedro Araya, Matías Walker, la senadora Luz Ebensperger, Carmen Gloria Aravena, el senador Iván Moreira, Luciano Cruz-Coke, Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea, la senadora Claudia Pascual y los senadores Kenneth Pugh y Francisco Chahuán.
También intervino el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien explicó la postura del Ejecutivo sobre el proyecto y precisó que una de las normas incorporadas a la iniciativa, van en contra de la idea matriz e irroga gastos.
Fue precisamente esa disposición, que incorpora un artículo nuevo al Código Penal que establece reglas de competencia sobre causas de investigación que lleva la Fiscalía Supraterritorial y que posibilitaría que, en casos de alarma pública, se puedan ver los juicios por los Juzgados de Garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En este punto, las senadoras Claudia Pascual y Paulina Vodanovic manifestaron que tal disposición cuenta con un informe negativo por parte de la Corte Suprema. Misma opinión manifestó el ministro de Justicia.
En la contraparte, la senadora Luz Ebensperger y los senadores José García, Pedro Araya, Matías Walker y Alfonso De Urresti, defendieron la disposición argumentando que se trata de casos de delitos de alta connotación pública y de crimen organizado.
Tras un debate, la disposición fue aprobada con 34 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
Asimismo, se votaron separadamente otras disposiciones, las que fueron aprobadas por amplia mayoría.
ASPECTOS DEL PROYECTO
La iniciativa da operatividad a la Fiscalía Supraterritorial que será una unidad especializada en combatir el crimen organizado y delitos de alta complejidad que requieran una dirección supraterritorial o transnacional de investigación, y que tendrá a su cargo las investigaciones penales de hechos que se hayan iniciado directamente por ella o por alguna fiscalía regional y las contiendas de competencia las resolverá el Fiscal Nacional.
Para ello, el proyecto refuerza las atribuciones del Fiscal Nacional; consagra el deber del Fiscal Nacional de rendir cuenta pública; incorpora elementos en relación con el requisito académico para ser Fiscal Jefe de la Fiscalía Supraterritorial; crea el Sistema de Análisis Criminal para Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad; crea una regla especial de competencia para las causas de la Fiscalía Supraterritorial y establece que la ley entrará en vigencia seis meses desde la publicación.
La implementación de esta repartición tendrá un costo de 7.691 millones en régimen.
A juicio de las y los senadores esta iniciativa forma parte de la mayor modernización al Ministerio Público desde su creación y es un avance institucional relevante y parte de una estrategia de Estado para hacer frente al crimen organizado.
Señalaron que el proyecto va al corazón del funcionamiento de la persecución penal, considera un cambio en el modelo de gestión de la persecución criminal y es una respuesta institucional potente frente a fenómenos criminales y delitos de alta complejidad.
