Las y los integrantes de las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública sesionaron de manera conjunta para analizar la grave situación generada a partir de la liberación del presunto sicario Alberto Mejía, quien había sido sometido a prisión preventiva por el asesinato de llamado «rey de Meiggs». Los legisladores lamentaron la ausencia de un representante de la Corte Suprema en esta instancia.
Por más de dos horas sesionaron de manera conjunta las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública del Senado para analizar la compleja situación tras la liberación del presunto sicario Alberto Mejía, quién había sido sometido a prisión preventiva por el asesinato de José Reyes Ossa -conocido como el «rey de Meiggs»- quien fue liberado al día siguiente de su detención.
La sesión contó con la presencia de las máximas autoridades del país vinculadas al tema de seguridad, tales como, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el Director General de la PDI, Eduardo Cerna; y el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, entre otros asistentes.
No obstante, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se excusó de participar en el encuentro, argumentando que existe una investigación en curso.
Esta ausencia generó molestia entre las y los integrantes de ambas comisiones quienes manifestaron que «era fundamental tener la visión del máximo tribunal de primera fuente» en este caso, por lo que se acordó oficiar a la Corte Suprema manifestando lo anterior.
«Partimos esta sesión lamentando el error de que no haya asistido el presidente o la presidenta subrogante de la Corte Suprema. Creemos que hoy día en tela de juicio está la actitud, la decisión, el trabajo que realizó una de las juezas de garantía del poder judicial y, por lo mismo, lo mínimo que podía hacer este poder del Estado era entregar la información, participar de este diálogo, que en gran parte fue público, para que la ciudadanía pudiera saber qué es lo que está haciendo cada institución», dijo la presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez.
Agregó que «la ausencia es una actitud poco colaborativa con la realidad del país y tomamos la decisión unánime, todos los senadores y senadoras de ambas comisiones, de representarlo por escrito ante la Corte Suprema».
HECHO GRAVÍSIMO
En la sesión el ministro de Justicia calificó el caso como «un hecho gravísimo» que no debió haber ocurrido y señaló que existen dos aristas de investigación en curso: una penal y otra administrativa que se está llevando a cabo en Gendarmería y en el poder judicial respecto del Juzgado de Garantía.
Asimismo, entregó un cronograma de cómo se fueron dando las comunicaciones que dejaron en libertad al presunto sicario. En tal sentido señaló que hubo una primera comunicación que dejaba en prisión preventiva al imputado, la que se ingresó manualmente y que al día siguiente llegó otra comunicación dejando si efecto la anterior.
En este punto, el Fiscal Nacional hizo notar que la segunda comunicación no tenía como respaldo una resolución judicial y es distinta a la presentada el día anterior. Sobre la supuesta tercera comunicación, se explicó que se trataría de la misma ingresada manualmente en primera instancia, pero que eso está en investigación.
El ministro de Justicia anunció que este viernes sesionará la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal para abordar este tema y ver cómo se puede mejorar la revisión de las comunicaciones y protocolos en este tipo de casos.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública entregó información relativa a su cartera y señaló que «tenemos una permeabilidad en la frontera que es muy evidente, que no se soluciona simplemente con el paso fronterizo. Tiene que ver también con estrategias de localización y también tecnología. El Ministerio de Seguridad tiene una preocupación adicional y que le ha transmitido, que explica las razones por las cuales Carabineros, la Policía e Investigaciones están trabajando en la zona fronteriza que tiene que ver con el Corredor Bioceánico».
En tanto, el Fiscal Nacional señaló que uno de los principales problemas que existen con los delincuentes extranjeros es su identificación, si es que no han sido enrolados antes. Explicó que desde 2023 en adelante se comenzaron a hacer registros biométricos de los detenidos e indicó que solicitó a Gendarmería un catastro de los detenidos extranjeros para cotejar que no estén falseando identidades.
En esa línea, el director (s) de Gendarmería dijo que durante esta jornada estarían en condiciones de tener dicha información y destacó los avances que se han logrado en materia de resguardo de detenidos de alta peligrosidad, señalando que los 43 líderes de bandas organizadas están usando uniforme y siguiendo una serie de procedimientos que no se habían visto antes.
Los senadores estuvieron centrados en conocer detalles respecto de las comunicaciones que derivaron en la libertad del presunto sicario, cuáles son los protocolos habituales para liberar a los detenidos; al mismo tiempo que plantearon la necesidad de fortalecer el control fronterizo y aumentar las medidas en esa línea.
La última parte de la sesión fue secreta pues se respondieron dudas que forman parte de la investigación y que, por su carácter sensible no pueden ser públicas.
