- “Han pasado tres comisiones investigadoras y se han anunciado medidas desde el Estado de Chile y hoy seguimos donde mismo. Hoy, las estaciones de monitoreo de calidad del aire son humanas, porque son las personas las que alertan cuando empiezan a enfermarse. Inaceptable y siguen los casos. ¿Hasta cuándo ¿Cuál es el precio del progreso?”, señaló la diputada Carolina Marzán hoy en la Cámara.
Reiterando todas las acciones fiscalizadoras en torno a los hechos de contaminación, que se vienen repitiendo desde septiembre en las comunas de Quintero y Puchuncaví, la diputada por la región de Valparaíso, Carolina Marzán, señaló hoy en la Cámara de Diputados que “ ante la gravedad de los hechos y la escasa proactividad del delegado presidencial, nombrado con dedicación exclusiva, el Gobierno debiera evaluar su continuidad”.
La parlamentaria señaló en la sala de la Corporación que “los últimos hechos registrados en la zona de Quintero y Puchuncaví, a raíz de lo cual se ha decretado alerta sanitaria, tienen a la comunidad con justa razón consternada y muy preocupada. El último hecho, denunciado este fin de semana, afecta a aguas subterráneas y subsuelos. Días atrás, además de haber oficiado a todas las autoridades respectivas, incluyendo al delegado presidencial, nombrado con dedicación exclusiva para las zonas afectadas por contaminación, dije que su proactividad era casi nula. Hoy nos enteramos que la denuncia que debía presentar de inmediato a Fiscalía , por vulneración a la ley medioambiental, por los hechos que afectaron a Puchuncaví, no estaría ingresada, lo que es inaceptable y doloroso para la comunidad. El Gobierno debiera evaluar su continuidad”.
La diputada Carolina Marzán agregó que “estos episodios se repiten desde hace años, demostrando que los mecanismos de control ambiental siguen siendo insuficientes. Hoy día la zona cuenta con estaciones de monitoreo de calidad de aire “humanas”, porque son las propias personas las que enfermando se dan cuenta de los niveles de contaminación. Y lo más doloroso, hay vidas, hay vidas que se han perdido asociadas a esta exposición crónica. Los resultados siguen siendo insuficientes e inexistentes, 3 comisiones especiales investigadoras, 2011, 2018, 2022, que entregan recomendaciones y ninguna ha prosperado y la contaminación sigue enfermando y matando personas de la zona.”
La parlamentaria se refirió, además, a la carta firmada por más de 270 organizaciones ambientales y sociales de todo Chile, donde advierten irregularidades en la implementación de la ley 21.600 que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. “Puchuncaví, los Acantilados de Quirilluca, solo por poner un ejemplo, espacios de altísimo valor ecológico, fueron excluidos de este proceso de sitios prioritarios y es un derecho ciudadano que se dé a conocer y se transparente esta decisión. Hablamos de justicia ambiental y de una verdadera distribución de cargas y beneficios donde las comunidades compartan el desarrollo pero también reciban parte su parte en bienestar salud y futuro”.
