El rápido avance del marco regulatorio digital en Chile, con la reciente Ley Marco de Ciberseguridad y la modificación a la Ley de Protección de Datos Personales, ha generado una sobrecarga significativa y superposición de marcos normativos en el ecosistema. Ante la tramitación del Proyecto de Ley de Sistemas de Inteligencia Artificial (Boletines refundidos Nos 16821-19 y 15869-19) , Francisco Guzmán, presidente de ACTI, en representación del gremio, ha enviado una carta a la Senadora Ximena Rincón, integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, para solicitar una discusión más profunda y actualizada. La clave es asegurar un desarrollo responsable de la IA que proteja los derechos sin obstaculizar la innovación local.
Desde ACTI y junto a otras asociaciones de tecnología y telecomunicaciones advertimos que el Ministerio de Ciencia intenta presentar un seminario como consulta pública y llaman a evitar una regulación apresurada que podría frenar la innovación y replicar errores internacionales.
El seminario “IA para Chile”, anunciado por el Ministerio de Ciencia en coordinación con la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, no puede ser presentado como una instancia de participación formal, especialmente para una regulación transversal que afectará a toda la economía.
En la última reunión de la Mesa de Conversación con la Industria, cuestionamos las urgencias legislativas y llamamos a debatir en profundidad los impactos de la normativa, recordando que la Unión Europea está revisando y flexibilizando su AI Act por efectos negativos en la innovación, mientras Estados Unidos avanza hacia marcos más adaptativos.
Asimismo, alertamos que el ecosistema digital chileno ya enfrenta una sobrecarga normativa derivada de la Ley de Delitos Informáticos, la Ley Marco de Ciberseguridad y la nueva Ley de Protección de Datos, lo que ha llevado que el ecosistema destine hasta 19% de su presupuesto tecnológico al cumplimiento regulatorio, según estudios recientes.
La ACTI solicitó al Senado tres medidas clave:
- Abrir una discusión más profunda y sin plazos restrictivos
- Crear espacios de diálogo técnico con todos los actores del ecosistema digital
- Evaluar marcos regulatorios alternativos que protejan derechos fundamentales sin frenar la innovación ni la competitividad del país.
“Chile necesita una regulación moderna, equilibrada y basada en evidencia. No una ley apurada que arriesgue nuestro desarrollo digital”, concluyó la asociación gremial. Compartimos en detalle:
Como presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G., (ACTI), me dirijo a usted para solicitar una discusión amplia y exhaustiva y un análisis reflexivo en la tramitación del proyecto de ley que busca regular los Sistemas de Inteligencia Artificial (Boletines refundidos Nos 16821-19 y 15869-19), considerando los significativos cambios experimentados durante el proceso legislativo de 2025 y las recientes experiencias internacionales.
En los últimos tres años, Chile ha implementado un ambicioso marco regulatorio digital que incluye la nueva Ley de Delitos Informáticos (2022), la Ley Marco de Ciberseguridad (2024), y una sustancial modificación a la Ley de Protección de Datos Personales (con vigencia en diciembre 2026). Si bien esta rápida sucesión de normas demuestra el compromiso del país con la regulación tecnológica, ello ha trae aparejado una sobrecarga significativa al ecosistema digital, que obliga a empresas grandes y pymes.
Sumado a otras normas de aplicación general aprobadas en los últimos años -especialmente en materias de cumplimiento normativo- ello se ha traducido en que las empresas nacionales han quedado sujetas a una compleja superposición de marcos normativos con períodos insuficientes de adaptación, requisitos de cumplimiento redundantes y potencialmente contradictorios, supervisión por agencias públicas que podrían actuar de forma descoordinada, lo que genera duplicación de esfuerzos y uso poco eficiente de recursos.
Los datos son reveladores: según estudios de Strand Partners para AWS, las empresas chilenas ya destinan el 19% de su presupuesto tecnológico al cumplimiento normativo, con un 73% que anticipa mayores incrementos. Esta realidad, sumada a una regulación excesivamente restrictiva, podría afectar severamente la capacidad de innovación de nuestro ecosistema tecnológico.
El escenario actual exige una reconsideración cuidadosa del camino a seguir. Al respecto vale la pena considerar no solo la Orden Ejecutiva anunciada por Gobierno de los Estados Unidos para desincentivar la dictación de normas estatales sobre regulación de IA, sino también y lo que es más relevante, la decisión de la UE del 19 de noviembre pasado, de proponer un ‘paquete de simplificación’ a varias normas sobre los mercados digitales, incluyendo no solo la AI Act, sino también el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy y la Data Act.
Por ello, solicitamos respetuosamente:
1. Permitir una discusión más profunda y actualizada, sin fijar plazos muy limitados
para realizarla.
2. Instancias de espacios de diálogo dentro del proceso legislativo que incluya las experiencias y aprendizajes internacionales recientes y considere a todos los actores que componen el ecosistema digital, para beneficio de los miembros de la Comisión y del Senado.
3. La evaluación de marcos regulatorios alternativos que combinen de mejor forma los incentivos al desarrollo de la industria tecnológica local y la economía digital con la protección de derechos fundamentales, especialmente considerando que la propia UE ha decidido flexibilizar las normas en las que Chile se ha inspirado para dictar sus leyes más recientes.
Como sector tecnológico nacional, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo responsable de la IA y nuestra disposición para contribuir a un marco regulatorio que proteja efectivamente a las personas sin obstaculizar el avance tecnológico de Chile.
FUENTE: ACTI
