Diputadas y diputados de la Comisión Investigadora de Codelco, que presidió Cristián Tapia (Ind-PPD), se reunieron con la Contralora Dorothy Pérez, para solicitar información respecto al avance del requerimiento de fiscalización que presentaron en junio del 2024, sobre la legalidad del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio.
Los parlamentarios tienen esperanza en que quede sin efecto el acuerdo en la toma de razón, el último paso del proceso que está en manos de la Contraloría, y que se conocerá en los próximos días.
«Este es un proceso que ha sido muy largo, un proceso donde ha existido oscuridad en cómo se ha manejado este contrato entre Codelco y SQM para explotar por 30 años más el yacimiento del litio más importante, de mejor reserva y de mejor ley del mundo, como el Salar de Atacama. Creemos que acá la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de Santiago, la Corte Suprema, no han hecho el trabajo que realmente debieron hacer, que era una licitación», afirmó el diputado Tapia.
El parlamentario señaló que «aquí nos queda el último paso que está en manos de la Contraloría, que es la toma de razón, y ahí es donde nosotros tenemos la gran esperanza, que esta toma de razón no se resuelva positivamente para Corfo y se retrotraiga todo hacia atrás, y se empiecen a hacer los procesos que realmente el país necesita».
«Aquí hay muchos recursos económicos de por medio, hay recursos que van a quedar en manos mayoritariamente de la familia de Ponce Lerou, en lugar de beneficiar a nuestra gente, en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, en todo lo que el país necesita».
Por su parte, la diputada del Partido Social Cristiano, Yovana Ahumada , sostuvo que «queremos saber qué es lo que está ocurriendo en este último proceso, que es la toma de razón. Como bien lo hemos conversado antes, como comisión especial de investigadora, nos hemos hecho parte de todo lo que ha ocurrido en este contrato entre Corfo y SQM respecto a estos próximos treinta años, y sobre todo es este trato directo que hubo».
«Estamos cumpliendo con nuestro rol fiscalizador para poder resguardar los recursos que son sumamente importantes para el país, y que se han proyectado a través de este contrato. Por eso, también hemos sido insistentes en poder ver que todo se cumpla como corresponde».
La parlamentaria indicó que «por eso seguimos aquí al pendiente, estamos conversando con la contralora para saber cuáles van a ser los pasos a seguir, y también en ese rol fiscalizador, cómo podemos apoyar para que la Contraloría se pueda pronunciar en esos espacios donde hoy día el Poder Judicial se ha involucrado, y lamentablemente va coartando la capacidad de poder intervenir».
