Ministro Grau anunció que proyecto de ley está próximo a salir al Congreso y director de Clapes UC propuso aplicar desde ya la medida de silencio administrativo positivo.
La Comisión Nacional de Productividad y Evaluación identificó que 439 procedimientos burocráticos inciden directamente en el proceso de inversión, ¿cómo reducir estas etapas y los tiempos que cada trámite requiere? Fue el tema que convocó a autoridades y expertos en el seminario “Una permisología que favorezca el crecimiento” organizado por Clapes UC.
En el aula magna Manuel José Irarrázaval de la casa central de la Universidad Católica, Felipe Larraín, director de Clapes UC, dio la bienvenida a los participantes -tanto a los presenciales como a los conectados vía streaming-, dando cuenta de un crudo diagnóstico: “La permisología está ahogando al país y limitando sus posibilidades de crecimiento”.
“Hay que actuar con sentido de urgencia”, dijo y propuso la medida de aplicar el “silencio administrativo positivo” para ir destrabando algunos permisos que están ya pasados de periodo legal, en proyectos que se encuentran estancados.
“Quiero proponer que se pueda aplicar el denominado silencio administrativo positivo, donde si un permiso se demora más del plazo legal establecido se da por aprobado el permiso. Así, por un lado, colocamos presión a los organismos públicos encargados de avanzar en la tramitación de los distintos proyectos y, por el otro, las iniciativas podrán ver la luz y aportar al bienestar de nuestra población en los plazos que corresponden», explicó.
Lo anterior, agregó, “respetando la legislación y todas las normas, pero, al mismo tiempo, no perdiendo la oportunidad de materializar aquellos proyectos que fortalezcan el crecimiento”.
Durante el seminario, el ministro de Economía, Nicolás Grau, participó de manera virtual, ya que se encuentra en Estados Unidos acompañando al Presidente de la República, Gabriel Boric.
El secretario de Estado entregó un avance de la Reforma Integral a la Tramitación de Permisos Sectoriales, próxima a ingresar al Parlamento, aseverando que “con esta reforma vamos a abordar 380 permisos que no son parte de los procesos de evaluación ambiental y están tramitados por cerca de 40 servicios del Estado”.
Indicó que la iniciativa legal contempla una gobernanza liderada por una Agencia, “que va a supervisar que se cumplan las normas de tramitación, recopilar toda la información de los tiempos de cada uno de estos permisos y será garante de que exista transparencia. A partir de la información que va a ir generando va a poder dictar acciones y recomendaciones para agilizar la tramitación, poder ir evaluando el sistema y proponiendo normativas que recoja de las distintas instituciones públicas”.
Mirando el largo plazo
Posterior a estas exposiciones se realizó un panel de conversación, donde la ministra (s) de Economía, Javiera Petersen, afirmó que “además de la reducción de tiempos efectivos de tramitación y el aumentar la transparencia, el objetivo de esta reforma es mejorar la calidad regulatoria del país. Esto se logra a través de la implementación de un estándar común, más alto y más moderno, para todos los permisos sectoriales”.
De esta forma, manifestó, “además de revisar y ajustar en caso sea necesario los más de 300 permisos que ya existen, la reforma asegura que todas las nuevas autorizaciones también deberán cumplir con este nuevo estándar”.
El presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Raphael Bergoeing, sostuvo que avanzar en disminuir permisos “no es sobre desregular, no es sobre reducir la regulación, sino regular adecuadamente, en algunos casos habrá que aumentar la regulación y en otros reducirla”.
Además, el economista puso énfasis en que todos estos cambios no solo deben abordar los grandes proyectos de inversión sino “sobre los miles, y por eso hay 128 mil trámites de permisos que se tramitaron, proyectos de inversión que día a día ocurren en una economía moderna y compleja como es la chilena”.
Mientras que el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, coincidió con Bergoeing en que todas estas reformas deben estar dentro de un gran marco que es la modernización del Estado, ya que si solo se habla de desregulación “estas iniciativas en el Parlamento no van a caminar”.
La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, dijo estar bastante de acuerdo con el sentido de urgencia que tiene este tema, el que se puede abordar y avanzar en dos carriles paralelos: en lo inmediato y en el largo plazo.
Hoy, añadió, “falta agilidad, simplificación, modernización y una mirada integral, pero la buena noticia es que hay un sentido de urgencia en la presentación del ministro y en los anuncios que se han hecho en las últimas semanas”. Finalmente, señaló que “estamos aquí súper disponibles los gremios para avanzar en este tema”.
