Con la presencia de los ministros del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick; de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, y de la SEGPRES, Gonzalo Blumel, se realizó esta tarde una histórica Sesión Especial, solicitada por la Bancada PPD-PRO, por las preocupantes cifras de femicidios y asesinatos de mujeres, analizar las políticas públicas adoptadas por el Gobierno, junto con su eficacia, y conocer las medidas legislativas y de seguridad pública, a impulsar.
La diputada Loreto Carvajal, quien fue la promotora y encargada de recopilar las 113 firmas de todos los partidos políticos para la realización de esta iniciativa, indicó que “esta es una sesión histórica que marca el inicio de un trabajo más efectivo que vamos a realizar coordinadamente el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y también el policial y el judicial. Hoy estamos frente a un fenómeno nacional y hay que mirarlo como tal”.
“No es casualidad que a la fecha hayan 18 mujeres muertas, es preocupante que muchas veces tengamos una sociedad que incuba asesinos de mujeres porque tenemos una desigualdad que hoy día no se habla, no se discute y no se cambia a través de las normativas correspondientes. Creemos que esta Sesión marca el inicio de un trabajo más eficiente y que busca generar garantías de una sociedad más igualitaria, de enfrentar este fenómeno en cada una de las regiones y de poner coto a esta situación; que va desde cambiar la legislación para que se extienda la competencia y consideremos femicidio al asesinato de mujeres solo por ser mujer”, afirmó la diputada Carvajal.
Por su parte, la diputada progresista, Marisela Santibáñez, manifestó que «la dura realidad que enfrentan los femicidios en Chile nos llama a trabajar para actualizar la legislación vigente que garantice realmente el resguardo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No limitemos la ley solo a lesiones, sino que extendamos a los diferentes tipos de acoso y formas de violencia que viven las mujeres diariamente. Lamentablemente las medidas cautelares no han garantizado el resguardo necesario a las víctimas. Las cifras son alarmantes, hay que ir más allá».
Asimismo, la diputada Andrea Parra señaló que “desde el Congreso pondremos todas nuestras energías para crear normas y modificar otras con tal de proteger a las mujeres y castigar duramente a quienes cometen delitos en contra de ellas. También es deber de los medios de comunicación dejar de reproducir y naturalizar los femicidios a través de un lenguaje machista y patriarcal”. Además, indicó que “es necesario ampliar el delito de femicidio para todo crimen causado por un hombre en contra de una mujer, independiente de la relación que exista entre ellos; y es imprescindible que se creen y refuercen, cuando corresponda, las unidades especializadas en delitos sexuales y violencia de género de todas las instituciones que investigan, acusan y sancionan este tipo casos”.
Asimismo, la diputada Carolina Marzán, indicó que “impacta ver a la familia de Gabriela en la galería, impacta enterarse acerca de los detalles de su muerte. Lo menos que podemos hacer es empatizar con estas tragedias que nos tocan. Hoy día vemos que se hace transversal la necesidad de la presencia de todos en la Sala. Esperemos que estos proyectos de ley de defensa de la mujer salgan pronto a la luz y que exista un cambio cultural y no conozcamos casos tan dramáticos como en el día de hoy”.
Durante la Sesión Especial se aprobó de manera unánime un proyecto de Resolución presentado por la Bancada PPD-PRO que fue aprobado por unanimidad donde se le solicita al Ejecutivo restablecer la Suma Urgencia al Proyecto de Ley enviado a la Cámara de Diputados durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que consagra el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. A su vez, dotar de urgencia al proyecto de ley que modifica la ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, con el objeto de inhabilitar a quienes hayan sido condenados por faltas o delitos establecidos en dicho texto legal, para ejercer cargos públicos.
Además, definir protocolos de denuncia ante el Ministerio Público, Policías y Tribunales de familia, con el fin de ofrecer a las víctimas de métodos simples y efectivos de denuncias, y finalmente disponer de programas de educación que promuevan principios de igualdad de género, la no discriminación y la prevención de la violencia contra la mujer en todas sus formas.
