Conformar un comité técnico de apoyo a la labor parlamentario que comience a funcionar los primeros días de julio, fue el principal acuerdo al que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud en el marco del estudio del proyecto conocido como ley corta de Isapres.
De acuerdo a la información proporcionada por el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro, “la idea es que participe el Ejecutivo (el ministerio de Salud, el ministerio de Hacienda, la subsecretaría de Salud y Fonasa), los asesores parlamentarios, la Asociación de Isapres, Clínicas de Chile y expertos provenientes de universidades y centros de estudios”.
“Queremos en julio y agosto llegar a acuerdos de manera dar una discusión en particular, y luego llevar a Sala el proyecto. Esto pasa por hacer cumplir al fallo pero también explorar alternativas que permitan no hacer caer el sistema privado que es el que debe solventar las devoluciones y las prestaciones”, complementó.
En esa línea, la Comisión recibió a los académicos de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Álvaro Clarke y David Díaz, quienes hicieron un estudio -por encargo de Banmédica- para determinar las estimaciones de las compensaciones y los efectos en las Isapres y los prestadores.
Los senadores tienen pendiente escuchar a representantes del Instituto de Políticas Públicas en Salud (Ipsuss) de la Universidad San Sebastián; y del centro de estudios Horizontal, y a algunos abogados para cerrar la ronda de audiencias.
Cabe recordar que la Tercera Sala de la Corte Suprema emitió un fallo en noviembre pasado, el que obliga a las Isapres a aplicar la tabla única de factores de riesgo de la Superintendencia de Salud que entró en vigencia en abril del 2020. Entre las consecuencias prácticas de aquello, está devolver excedentes a los afiliados que correspondan, por la rebaja del precio de sus planes.
CÁLCULOS
De acuerdo con el estudio encabezado por los profesores Clarke y Díaz:
- La estimación de compensación para los cotizantes de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, indica que las Isapres deberían desembolsar 3.372 millones de dólares. El guarismo suma 1.442 millones de dólares (marzo 2020 a marzo 2023) y 1930 millones de dólares (junio 2023 a 6 años).
- Si se establecen subsidios cruzados para mutualizar riesgos, lo que en rigor no se puede hacer debido a que el fallo no lo permite, las Isapres deberían desembolsar 1245 millones de dólares. El guarismo suma 659 millones de dólares (marzo 2020 a marzo 2023); y 586 millones de dólares (junio 2023 a 6 años).
- Si se eleva el precio base en un 40% (valor que se obtiene de la diferencia en el cambio del grupo de referencia, de hombres de 30 a 34 años, a hombres y mujeres de 25 a 34 años), lo que tampoco permite el fallo; la compensación debiera ser 1.265 millones de dólares. El guarismo suma 493 millones de dólares (marzo 2020 a marzo 2023); y 772 millones de dólares (junio 2023 a 6 años).
- Clínicas de Chile ha informado que las Isapres les deben 507 mil millones de pesos. En tanto, el estudio estableció que producto del fallo, estos prestadores reducirán sus ingresos totales por año un 8,6% y su patrimonio entre un 15 y un 30%.
- A modo de conclusión, los académicos aseguraron que los cálculos de junio de 2023 en adelante generan “una cartera inviable porque algunos contratos bajan y otros se mantienen, ninguno sube. Financieramente esa cartera no está equilibrada porque produce pérdidas futuras” (…) “La única manera de hacer viable la devolución es generar subsidios cruzados y cambios en el valor base. Hacer correcciones es la única forma de hacer viable el fallo”.
Los senadores acordaron solicitar por oficio, a la Universidad de Chile, el estudio completo. Con todo, el senador Juan Luis Castro consultó cómo generar una fórmula que mutualice el riesgo pero de cumplimiento al fallo; y cómo pretenden las Isapres subsanar las diferencias de precios que se generarán en afiliados con las mismas características pero que suscribieron contrato en distintas fechas, esto respecto al plan base.
Por su parte, el senador Sergio Gahona hizo un llamado a las Isapres y los prestadores privados a hacer “un gesto para reducir sus costos considerando los ajustes que deberán hacerse al sistema”, mientras que la senadora Ximena Órdenes consultó por qué el estudio aplicó supuestos que el fallo no permite como es subir el precio base, por ejemplo.
El senador Juan Ignacio Latorre preguntó por el costo del estudio y las cláusulas de confidencialidad que existirían para conocer detalles de éste. Asimismo manifestó que “creo que la rebaja de patrimonio del sector puede ser compensada con las espaldas financieras de las compañías extranjeras que están detrás de las Isapres”.
