La bancada de diputados de Renovación Nacional, representados por la jefa de bancada, Ximena Ossandon, el subjefe Hugo Rey, y los diputados de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper, enviaron una carta al Fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, manifestando su preocupación por la fuga de dos ciudadanos iraníes detenidos en Chile; quienes escaparon por un paso fronterizo no habilitado tras ser dejados en libertad.
Además, los parlamentarios oficiaron a la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, emplazandola a disponer de los todas las acciones de resguardo fronterizo necesarias para evitar el incumplimiento de las medidas cautelares en este tipo de casos.
Ambos iraníes habían sido detenidos el 30 de abril de 2023 por portar pasaportes ingleses robados y falsificados. Fueron formalizados por receptación, falsificación de instrumento público y falsificación de identidad, por lo cual se decretó la prisión preventiva, sin embargo, el 25 de mayo y tras revisarse la medida cautelar originalmente decretada, ambos imputados quedaron solo con arraigo nacional.
Los diputados apuntaron a “la deficitaria actuación del Fiscal Adjunto a cargo de la causa, ya que tras su comparecencia no sólo se habría revocado la medida cautelar de mayor intensidad, sino que se habría modificado por una de escasa intensidad, no apropiada para el éxito de la investigación, aceptando dicho persecutor que los imputados señalaran como domicilio el de la propia Embajada de Irán en Chile, pese a que no era un domicilio propio donde ellos tuvieran residencia e incluso sin comprobar dicha condición”.
Los parlamentarios manifestaron su sorpresa por el domicilio fijado por los imputados, señalando que “dada la naturaleza jurídica de los inmuebles que acogen embajadas y dependencias consulares, parece imposible que un imputado que no pueda salir del territorio nacional, fije su domicilio en dependencias que podrían calificarse “fuera de los límites del Estado de Chile” producto de la inviolabilidad que le reconoce la Convención de Viena”.
“Luego, en el marco de la misma investigación, el imputado Ali Basheri modificó su domicilio, informando uno nuevo en la comuna de Maipú que aparece referido en información aportada por el Estado de Argentina como vinculado a la operación de posibles integrantes de la organización criminal de origen iraní Hezbolá. Existiendo este antecedente, el persecutor tampoco pidió revisar las medidas cautelares que recaían sobre los imputados, sin advertir la peligrosidad envuelta en su posible participación en la asociación criminal mencionada”, continuaron.
En razón de lo anterior, los diputados recordaron al Fiscal Nacional que “Chile ha suscrito una serie de convenios y otros instrumentos vinculantes que nos imponen obligaciones internacionales como la pertenencia al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), obligaciones que parecen al menos desatendidas con la permisividad mostrada en este caso. Concretamente, el Grupo de Acción Financiera Internacional recomienda a los países identificar, evaluar y entender sus riesgos al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, y adoptar medidas adecuadas para mitigarlos.”
Concluyen los Parlamentarios solicitando al máximo persecutor “impartir las instrucciones necesarias para que las actuaciones del Ministerio Público, en esta eventualidad, se conduzcan de la manera señalada y en línea con obligaciones internacionales asumidas por Chile.”
Finalmente, respecto del oficio enviado a la ministra Tohá, los legisladores manifestaron que “esta inaudita situación evidencia lo deficitario de las acciones de resguardo fronterizo que se ejecutan en nuestro país, lo que ha sido denunciado desde hace ya muchos años en atención al constante ingreso y egreso de ciudadanos extranjeros por pasos no habilitados», solicitando a la jefa de gabinete «disponer todas las acciones de resguardo fronterizo necesarias para evitar el incumplimiento de las medidas cautelares de arraigo nacional que recayeren sobre imputados por hechos delictivos y, especialmente, cuando el libre tránsito de dichos imputados constituyere un riesgo para la seguridad pública interior y del país».
