Tras abordar con los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara los alcances de la operación Apocalipsis, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que el gobierno presentará a trámite en el mes de enero una reforma constitucional para la institución.
La autoridad adelantó que el objetivo de la reforma a Gendarmería es que pase a integrar el sistema de orden y seguridad junto a Carabineros y la PDI. Esto para incorporar la función de seguridad y control de recintos penitenciarios que hoy realizan.
En ese contexto, Gendarmería pasará a ser una institución jerárquica, obediente y no deliberante.
Al respecto, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, consideró que es una estrategia oportuna que la institución se alinee con las policías. Agregó que esto permitirá mayor colaboración y evitar que “el crimen organizado haga de las suyas”.
Por otra parte, llamó a no presumir que el personal perderá sus derechos laborales. Esto debido a que como consecuencia de integrar a Gendarmería a las fuerzas de Orden y Seguridad, y debido al carácter jerarquizado y obediente, no podrán subsistir las actuales asociaciones de funcionarios.
Respaldan cambios
Pese a las diferentes apreciaciones sobre la corrupción en Gendarmería, hubo apoyo transversal de diputadas y diputados para tramitar la reforma constitucional que el gobierno comprometió ingresar.
La presidenta de la instancia, Javiera Morales, consideró que la propuesta legal, junto a otros proyectos relacionados a Gendarmería que se encuentran en el Senado, abre una oportunidad de fortalecer la institución.
Por ello, rechazó la tesis que no existe control de las cárceles en nuestro país. “Acá quedó claro, no que el crimen organizado esté operando en las cárceles, sino que existe una red de corrupción asociada a mercado de bienes, drogas y dinero en efectivo”.
No obstante, el diputado Gustavo Benavente consideró que efectivamente hoy no existe control en los recintos penales. El legislador citó un informe de la Contraloría que revela una situación permanente de hechos de corrupción. Por esto, planteó que debe existir mayor vigilancia, por ejemplo, con la entrada de abogados. Esto porque serían cerca de 400 falsos profesionales los que habrían ingresado irregularmente a los recintos penitenciarios.
A su vez, el diputado Luis Sánchez consideró que el gobierno llega tarde para abordar la crisis en las cárceles. Pero, añadió, espera que se logren avances en medidas de control, seguridad y mayor infraestructura. Además, postuló que debería existir más mano dura con los reos involucrados en ilícitos al interior.
Por su parte, Leonardo Soto felicitó al gobierno por el golpe a la corrupción, el narcotráfico y al crimen organizado que se dio con la operación Apocalipsis. En particular, enfatizó que esta acción es una señal clara para los funcionarios que se alejan de su labor.
Sin embargo, reconoció que esta dejo en evidencia problemas que son crónicos, como el ingreso de productos ilegales, controles vulnerados y el pago de sobornos. Tema que, indicó, se agudiza con el hacinamiento de reclusos, lo que impide un buen control.
Operación Apocalipsis
El ministro de Justicia informó que la operación -realizada en coordinación entre el Ministerio Público, la PDI y el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, en el penal Santiago 1- arrojó que 45 (de 21 mil funcionarios de la institución) están involucrados en diversos delitos de cohecho, soborno y asociación ilícita. Principalmente, respecto al ingreso de elementos prohibidos a los centros penitenciarios.
Gajardo señaló que este gobierno solicitó en 2022 al Ministerio Público un foco investigativo relacionado a lo que pasaba al interior de las cárceles para agrupar causas particulares. Esta petición, añadió, recién se acogió en 2023 con la llegada del fiscal nacional Ángel Valencia. Al respecto, recalcó que la operación Apocalipsis es parte de esa investigación.
Por su parte, el director de Gendarmería manifestó que se pasó del diagnóstico a la acción y destacó el trabajo del Departamento de investigación criminal que colaboró con el fiscal en la obtención de cuantiosas evidencias.
Finalmente, subrayó que es una operación inédita, de alto impacto y la mayor existente en el sistema penitenciario en materia de corrupción. Por lo mismo, confirmó que dada la gravedad de los hechos serán desvinculados todos los funcionarios involucrados.
