El titular de la cartera de Vivienda, Carlos Montes, participó en la comisión respectiva, para referirse a la relación del ministerio con fundaciones. Reiteró que se investigarán a fondo indicios de corrupción e irregularidades y anunció cinco medidas de transparencia y probidad.
El ministro Carlos Montes participó en la Comisión de Vivienda para referirse a la relación de su cartera con corporaciones y fundaciones. Ello, tras conocerse el caso de “Democracia Viva” en la región de Antofagasta, que recibió millonarios recursos para trabajar con los campamentos.
En su intervención, lamentó que los indicios de corrupción afecten a los más pobres del país. Y reiteró que se investigará a fondo para aclarar las irregularidades, determinando las responsabilidades administrativas; y el Ministerio Público, las penales.
A su vez, lamentó que se “descontextualicen frases”, ya que no atribuyó hechos irregulares a gobiernos anteriores, sino sólo el funcionamiento del mecanismo que opera desde 2019. Que delega a los Seremis de transferir recursos a fundaciones.
A continuación, Montes sostuvo que la corrupción e irregularidades se combaten con más transparencia y estándares de probidad. Por ello, anunció cinco medidas:
- Establecer un proceso de denuncia interna para funcionarios, sin temor a represalias.
- Levantar el secreto bancario en todas las cuentas del ministerio.
- Entregar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que estudie las acciones penales y civiles que correspondan.
- Investigar hechos en las regiones que presenten cualquier duda.
- Investigar, al interior del ministerio, la asignación de correos institucionales a personas que no son funcionarios públicos.
Otros antecedentes
La autoridad hizo un análisis de la política de emergencia habitacional propuesta por el gobierno, cuya meta es construir 650 mil viviendas y detalló cuánto se ha logrado. Son más de 60 mil viviendas ya ejecutadas, más de 132 mil en ejecución y 75 mil por iniciarse.
A su vez, detalló la evolución de los campamentos y dijo que entre 2019 y 2021, la Dipres pidió rectificación respecto a la erradicación y localización. Sostuvo que dichos emplazamientos aumentan entre 2021 y 2022, llegando a 1.079, con más de 71.400 familias sin vivienda.
Explicó que en 2014 la Ley de Presupuestos aprobó la transferencia de capital a las municipalidades para ejecutar proyectos en los campamentos. Y en 2015, se permitió la transferencia a instituciones privadas sin fines de lucro. Esto se ejecutó recién a partir de 2019. Agregó que, en principio las instituciones ejecutoras eran el Serviu y las municipalidades, pero hubo problemas con las rendiciones.
A su vez, informó que en la actualidad los fondos que reciben corporaciones y fundaciones son el 30% del total, mientras el 70% corresponde a municipios y al Serviu.
Respecto a “Democracia Viva”, detalló que se adjudicó proyectos en tres campamentos de la región de Antofagasta en temas de seguridad, sanitario y de capacitación. Pero sólo ha hecho la rendición de cuentas de uno de ellos, por el 20% del total.
Reacciones
En la comisión hubo consenso en reconocer la trayectoria política, de vocación pública y probidad del ministro Montes. Sin embargo, algunos diputados pidieron ciertas responsabilidades políticas.
Sergio Bobadilla (UDI), sugirió a la autoridad renunciar a su cargo. Dijo que su ministerio “fue asaltado por el Frente Amplio y Revolución Democrática”. Los operadores del partido defraudaron al fisco, con recursos que eran para familias más vulnerables. Mientras, Marcia Raphael (RN) criticó el funcionamiento de fundaciones ideológicamente falsas y la demora en denunciar hechos ilícitos.
En tanto, Emilia Nuyado (PS), dijo que existe una responsabilidad política con Chile para dar respuesta a las personas más pobres con el Plan de Emergencia Habitacional. En ese sentido, dijo que se debe avanzar en un pacto de acuerdo por la “no corrupción”.
Mercedes Bulnes (IND) dijo que rechaza “la caza de brujas” y la “hipocresía” de ciertos sectores. Por eso, independiente de lo grave que está ocurriendo, llamó a “investigar antes de acusar”. En esa línea, destacó las medidas del ministro y lo felicitó por su “cuidado y prudencia”.
Juan Fuenzalida (UDI) consideró que no se debe generalizar respecto a las fundaciones que aportaron mucho en pandemia. Sin embargo, consultó por qué se triplicaron los recursos para ellas, por qué se les siguió pagando si no existen las rendiciones y no se exigió ningún tipo de experiencia. Por otra parte, pidió la renuncia del ministro Jackson, porque fueron fundaciones creadas por RD.
Mientras, Héctor Ulloa (IND), indicó que Montes no es responsable ni por acción ni por omisión. Reconoció que fallaron muchas alertas y que se debe mejorar el sistema, revisando la normativa actual.
El ministro Montes descartó su renuncia y reiteró que investigará a fondo y llevará adelante el Plan de Emergencia Habitacional. Planteó que la Subsecretaria de Vivienda salió del cargo por su responsabilidad administrativa y política. Y añadió que el exseremi de Antofagasta se encuentra sumariado, sigue retenido su contrato. Además, se entregaron todos los antecedentes de la denuncia en la Fiscalía.
